Formalidad sostenible, por Miguel Jaramillo Baanante

La alta informalidad es un rasgo estructural de la economía peruana: poco más de tres cuartas partes de las empresas y siete de cada diez trabajadores son informales. La mitad de los hogares peruanos dependen de ingresos del sector informal. En el contexto del COVID-19 el sector informal está siendo particularmente golpeado. De acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Empleo-EPE, en el trimestre febrero-abril en Lima Metropolitana el empleo formal cayó 16.5%, mientras que en el sector informal la caída del empleo fue de 28%. Es lógica en este contexto la preocupación por este amplio sector de la economía nacional, así como las dificultades para proveerle apoyo, dada su ubicación en los márgenes de la legalidad. La semana pasada el Ministerio de la Producción anunció la creación de una plataforma electrónica para facilitar los trámites hacia la formalidad. ¿Será esta la solución al problema de la informalidad? La evidencia sugiere que no. Este tipo de iniciativas solo atacan los costos de registro, cuando para las empresas el costo más relevante es el de vivir en la formalidad.

Identificar los factores que están detrás de la baja demanda de formalidad entre las pequeñas y microempresas del país no es sencillo. Cuando se les pregunta a los empresarios sobre si quisieran formalizarse, la respuesta es, naturalmente, sí. Más del 90% valoran actuar dentro de la ley, lo que desmiente la idea de que hay una especie de sub-cultura informal que recusa la legalidad. Al preguntarles por qué no se formalizan, las respuestas frecuentes son que el procedimiento es largo y tedioso, o muy costoso. Sin embargo, cuando se les ofrece hacerles el trámite y pagar por él, apenas uno de cuatro aceptan la oferta. Esto sugiere que hay empresas que no están dispuestas a formalizarse a ningún costo.

Estos datos provienen de un estudio de GRADE enfocado en microempresas del Cercado de Lima. El ejercicio consistió en seguir a una muestra de empresas durante cuatro años. Todas eran informales al inicio del estudio. A una mitad de estas empresas, elegida al azar, se le ofreció pagar por su registro municipal. A la otra mitad no se le hizo esta oferta.

Los resultados son paradójicos: la mayoría de los microempresarios observan más beneficios (ventajas) que costos (desventajas) de ser formal, pero enfrentados a la opción de formalizarse sin costos, muy pocos aceptan la oferta. En efecto, un primer hallazgo sorprendente es que apenas una de cada cuatro empresas a las que se le hizo el ofrecimiento de formalizarlas lo aceptaron. Algunas de ellas decían que no podrían obtener la licencia municipal, porque no cumplían algún requisito. Otros empresarios simplemente no estaban convencidos de la conveniencia. Algunos nos dijeron que no era un buen momento para hacerlo, otros nos pidieron que volviéramos la siguiente semana y la semana siguiente también…

Este hallazgo sugiere que no son los costos de hacerse formal los relevantes, sino los costos recurrentes de operar en la formalidad. Recibir visitas de inspección de las autoridades es la desventaja más frecuentemente identificada por los empresarios encuestados. Estas visitas típicamente están asociadas a multas o coimas. Asegurar que las visitas inspectivas no sean una carga innecesaria, controlar la voracidad de los municipios y la corrupción entre sus funcionarios es un área en la que se puede hacer bastante para hacer más atractiva la formalidad.

Un segundo tema es que los microempresarios no encuentran muchos beneficios de operar formalmente. Las ventajas más evidentes, como hacer negocios con empresas grandes, participar en licitaciones públicas o acceder a crédito, no son significativas para la mayoría de microempresas. La única ventaja asociada a la obtención de la licencia de operación es la percepción de que sin licencia los dueños del negocio no pueden recurrir a la publicidad para incrementar la visibilidad de su negocio. En un contexto de aplicación laxa de las normas ¿para qué ser formal?

Además, una de cada cuatro empresas informales no cumple con los requisitos para obtener su licencia. En un tercio de estos casos están inhabilitadas por temas de seguridad. En otros, no califican por problemas de titulación de propiedad o modificaciones ilegales al inmueble. La evidencia sugiere que la promoción de la formalidad en la operación de un negocio no puede hacerse de manera separada de otros tipos de informalidad. El cumplimiento de las reglas que protegen bienes públicos, como normas de seguridad o de construcción, son parte del problema que debe ser abordado.

Aunque las señales hasta el momento no son positivas, verbigracia, el burocratismo que gobierna el regreso de la actividad económica, se debe aprovechar la oportunidad que ofrece la coyuntura. El Gobierno quiere apoyar la reactivación económica y los micro y pequeños empresarios necesitan apoyo. Esto genera un espacio para promover la formalización. Sin embargo, si no se atacan los costos relevantes, esto es, los asociados a actuar dentro de la formalidad, ninguna formalización será sostenible.