Perfil del policía acusado de descuartizar joven en Comas: anterior víctima revela las atrocidades que cometió
Actualmente, el Perú se encuentra en un delicado equilibrio, navegando paralelamente por las turbulentas aguas de la política y la economía. Hace poco, Standard & Poor’s Global Ratings rebajó la calificación del Perú de BBB a BBB-, una decisión influida por un Congreso fragmentado y un limitado capital político que socava la confianza de los inversionistas privados. Mientras tanto, Moody’s y Fitch han mantenido sus calificaciones en BBB+, sugiriendo una perspectiva más estable. Este contraste refleja un país al borde de perder su estatus de inversión preferente, catalogado hasta ahora como de bajo riesgo.
La historia política reciente del Perú ha sido cualquier cosa menos estable, con seis presidentes en los últimos siete años y una rotación constante de ministros que ha llevado a cambios frecuentes en las políticas públicas. Esto ha impedido cerrar brechas sociales significativas y ha alimentado un creciente descontento entre la población.
Es crucial destacar que, a pesar de contar con una sólida política monetaria, enfrentamos una gobernanza pública deficiente. La Ley Servir, tras 12 años en vigor, ha logrado escasos avances. Nos enfrentamos a una elevada percepción de inseguridad, un Congreso dominado por tendencias populistas sin avances significativos en reformas y una preocupante corrupción que, según la Contraloría General de la República, representa casi el 12% del presupuesto nacional anual. Asimismo, no alcanzaremos la meta de reducir el déficit fiscal al 2% establecido, ya señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Municipalidad Metropolitana de Lima acumula una deuda de S/4.000 millones.
No obstante, el panorama ofrece notables oportunidades. Allí está el elevado precio del oro a US$2.400 y del cobre a US$4,62, así como la creciente demanda de litio para vehículos eléctricos. Proyectos como el Tren Pucallpa-Chancay, la ampliación de Cerro Verde, el Anillo Vial Periférico y el Megapuerto Corio, junto con 51 proyectos mineros como Tía María y Conga, prometen una inversión de US$54.000 millones. Además, la nueva regulación del Decreto Legislativo 1595 podría catalizar la reactivación económica beneficiando a 500.000 personas.
Ante este escenario, se propone la Agenda Perú: un pacto social integral que involucra al Gobierno, Congreso, empresarios, trabajadores y académicos, enfocado en establecer directrices de desarrollo, seguridad, inversión y transparencia. Esta alianza aspira a formar mesas de trabajo efectivas que mitiguen las tensiones políticas y fomenten un consenso nacional que nos permita, en los próximos años, alcanzar un crecimiento del PBI de entre 5% y 6%, mejorando así los indicadores sociales, ambientales, económicos y de seguridad necesarios para que el Perú aspire a ser parte de la OCDE.
