Lo que está en juego, por Patricia Benavente

Escenario uno: Luego de que la EPS de Moquegua incumpliera con presentar oportunamente su Plan Maestro Optimizado, la Sunass tuvo que iniciar en agosto del año pasado el procedimiento tarifario de oficio. Ello se hizo con la respectiva publicación en el diario oficial “El Peruano”, llevando a cabo luego un largo proceso de asesoría y coordinación técnica con la EPS de Moquegua. Igualmente, tuvo lugar la audiencia pública de sustentación del estudio tarifario y, finalmente, en diciembre del año pasado, se aprobaron las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaria; así como la constitución de un fondo para garantizar las inversiones, la gestión de riesgos de desastres y otras obras de carácter ambiental.  

Está claro entonces que tanto la EPS de Moquegua como el Órgano Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento (Otass) estuvieron no solo involucrados en el procedimiento tarifario desde el inicio, sino que nunca manifestaron objeciones al estudio tarifario de la Sunass. Es más, según se informó recientemente, en el segundo mes de aplicación del incremento tarifario, el 93% de la facturación había sido pagada.  

No obstante, dentro de aquellos que firmaron el acta de la reunión llevada a cabo hace unas semanas por la mesa técnica para tratar el aumento de la tarifa del agua en la región Moquegua, se encuentran el director de Políticas y Gobierno del Otass, una directora de la EPS Moquegua y un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El acta de esa sesión pide la nulidad de la resolución que aprueba el incremento y el cambio del presidente y directorio de la Sunass.  

Lo obvio es lo más grave: que autoridades del propio Estado impulsen acciones que implican la violación de la ley y la autonomía técnica del organismo regulador. Además, que estas desconocen sus propios actos dentro de un proceso tarifario legítimo. Pero hay más: ¿Las más altas autoridades del gobierno alientan que un colegio profesional, que pudo haber enviado oportunamente comentarios a la Sunass cuando se publicó el proyecto tarifario, sostenga de manera tardía que hay errores de cálculo en la tarifa? 

Escenario dos: En marzo de este año, Ositrán informó públicamente que conforme a lo pactado en 12 contratos de concesión de carreteras, se aplicarían incrementos de peaje en Moquegua, Puno, Áncash, La Libertad, Cajamarca y Tacna. Eso sin contar el peaje en Ticlio, que fue eliminado por el anterior ministro de Transportes. Esta información es de conocimiento de los mecanismos de prevención de conflictos de la PCM.  

Por su parte la Unión Nacional de Transportistas (UNT), hasta hace poco vinculada con la Macrorregión Norte del Transporte de Carga (protagonista del paro de hace unos días), forma parte del Consejo de Usuarios de Carreteras de Ositrán y, en tal virtud, tiene información permanente y detallada sobre el nivel de ejecución de los contratos, los mecanismos de reajuste de peajes y las sanciones o penalidades aplicadas por los incumplimientos contractuales de los concesionarios. Los incrementos de peajes previstos en los contratos han sido informados a los usuarios con mucha anticipación.  

También es cierto que por lo menos diez de los 16 contratos de carreteras (según data al primer trimestre del 2018) tienen un 100% de ejecución en compromisos de construcción y otras intervenciones. En buena cuenta, han terminado su etapa constructiva y están solo en operación y mantenimiento. No obstante lo anterior, se ha conformado nuevamente una mesa de trabajo, a la que se ‘invitará’ a Ositrán a tratar lo relacionado a la aplicación de los peajes en los contratos bajo su ámbito.  

Según representantes de los gremios, el ministro Edmer Trujillo ha indicado que él no puede modificar los peajes. Pero otras autoridades del gobierno aluden a “revisar” los contratos, a establecer peajes de manera “consensuada” en mesas técnicas en las que lo que prima es más bien el carácter gremial o político de los intereses que las promueven. 

A la luz de esos escenarios, no queda más remedio que pensar que lo que está en juego en estos tiempos no es solo la posibilidad de reactivar la economía y desplegar mayores esfuerzos en inversión en infraestructura. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado (y del gobierno) en varios ámbitos: la sostenibilidad de los servicios públicos comprendidos en los contratos, la estabilidad jurídica de los contratos de inversión en infraestructura, la autonomía funcional de los organismos reguladores, la credibilidad de sus directivos (si no adoptan la posición firme que exigen las circunstancias), la legitimidad de la participación de usuarios en el sistema regulatorio (quienes deben ser conscientes de que tienen derechos, pero también obligaciones), la solidez del Perú como una plaza atractiva para la inversión privada. Sobre todo, está en juego la capacidad de coordinación interinstitucional del sistema, entre los actores públicos y con los actores privados.  

Lo que está en juego, en suma, es la mínima institucionalidad que el país requiere para no entrar en un peligroso proceso de involución.  

*La autora ha sido presidenta de Ositrán.