La fuga de cuidados, por Jeanine Anderson

Los ciudadanos del mundo hemos presenciado como mudos testigos la pelea desatada entre gobiernos, organismos internacionales y empresas privadas con diversos intereses por conseguir mascarillas, batas, pruebas y ventiladores, a fin de hacer frente al coronavirus. Hay que anticipar una nueva rueda cuando llegue la ansiada vacuna. A juzgar por los reportes que nos entregan casi diariamente el presidente y su Gabinete, los agentes del Gobierno y las empresas peruanas están sintiendo la fuerza de muchas trabas y limitaciones en sus esfuerzos por abastecer al país.

Así como existe un mercado internacional de bienes, también existe un mercado de profesionales de la salud. Ambos funcionan con una lógica similar. Unos actores ocupan posiciones de negociación que aseguran su capacidad de atraer los cuadros que necesitan; otros, con menor peso político y económico, pierden.

De acuerdo con el “New York Times” (9/4/2020), los inmigrantes son la cuarta parte de los médicos en Estados Unidos, y aproximadamente 16% de los enfermeros y enfermeras. Profesionales de las antiguas colonias, países miembros de la Mancomunidad Británica, son los pilares del National Health Service (NHS) del Reino Unido. El 20% del personal del NHS son personas de color. Se estima que Gran Bretaña se ahorra US$270.000 de lo que hubiera gastado en la formación de cada médico importado del extranjero. La inversión (por lo menos la inicial) se hace en su país de nacimiento, o tal vez en países vecinos del mundo en desarrollo. En el Reino Unido, los extranjeros son esenciales no solo por su número sino porque, a diferencia de los nativos, aceptan trabajar en servicios de salud en las zonas más apartadas, pobres y rurales.

Hace unos días (22 de abril) se propaló en RPP una entrevista al doctor Enrique Casalino, peruano, director médico de los hospitales universitarios de París y jefe de cuidados intensivos e infectología. De la misma fuente supimos que fue de origen peruano el médico 142 fallecido en Italia por COVID-19.

Aparte de Francia, Italia y otros destinos, probablemente la mayor cantidad de médicos formados en el Perú que están en el extranjero van a trabajar a EE. UU. Los profesionales médicos han sido exceptuados de la última restricción a la inmigración aplicada por la administración Trump. Nuevamente según el “New York Times”, los estados de Nueva York y Nueva Jersey están activamente reclutando a médicos extranjeros, con ofrecimientos de facilidades para el visaje. Hay reportes de que las embajadas de EE. UU. en todo el mundo están circulando mensajes en ese mismo sentido.

Entretanto, Venezuela ha perdido 30.000 de sus doctores y doctoras en la diáspora de los últimos años. Varios cientos de profesionales de la salud venezolanos han llegado al Perú. Inexplicablemente, solo en estos días se ha anunciado que 30 – entre intensivistas, pediatras, cardiólogos, enfermeros y otras especialidades – han sido contratados para trabajar en Essalud. Han tenido que pasar por trámites engorrosos y costosos no solo en Relaciones Exteriores sino también en Sunedu. Interviene el Colegio Médico del Perú con sus propias exigencias. Similar al caso británico, muchos de los profesionales venezolanos están yendo a zonas rurales donde la escasez de personal para los hospitales y centros de salud es clamorosa. Si otros países pueden flexibilizar sus requisitos para hacerle frente a una situación única, ¿por qué no se puede considerar en el Perú?

Hace algunas décadas, el debate en torno a la migración internacional giraba alrededor del “brain drain” (fuga de cerebros), referido a la salida de los países pobres de técnicos, trabajadores calificados y profesionales. Hay que reconocer el derecho que le asiste a una joven doctora peruana a quien se le ofrece una beca o puesto en un país extranjero. Tiene el derecho personal a decidir sobre su vida. Pero es válido también un argumento desde el derecho del país que pierde cuadros profesionales que ha formado. A fin de cuentas, los puestos en las escuelas de medicina son un bien escaso.

La solución a este dilema no es clara; los términos del debate sí lo están. Entre los muchos cambios potenciales del mundo pos-COVID-19 está la oportunidad de reconfigurar las estructuras detrás de las vastas desigualdades en la distribución de todo tipo de recursos esenciales para la vida. Las personas que cuidan la salud de otras deben ser la primera prioridad.