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El Estado Peruano podría dar un primer paso para romper el paradigma actual de obras inconclusas, paralizaciones súbitas y renegociaciones de contratos, si se rigiera por los mismos estándares mínimos de debida diligencia que sigue cualquier gran proyecto de infraestructura entre privados. Implementar un mecanismo de evaluación de postores por terceros independientes que permita a la entidad contratante conocer la capacidad de contratación, fortalezas, debilidades y referencias de sus potenciales proveedores, así como realizar una evaluación de riesgo que revele la salud financiera de estos, son medidas mínimas que podrían asegurar una mayor tasa de éxito para las obras que licite el Estado.
La reciente noticia de la paralización de la construcción del puente que uniría Miraflores y Barranco no sorprende a nadie. Es un síntoma más de una enfermedad que, no obstante, puede comenzar a sanar con una receta sencilla que ha probado ser altamente efectiva en el sector privado: la del ‘due diligence’, estandarizado a través de terceros independientes objetivos.
La contratación de Incot era una bomba de tiempo para la Municipalidad de Miraflores: un reporte de evaluación financiera de CIAL Dun & Bradstreet revela que la empresa tenía deudas financieras vencidas al 2023 por casi S/50 millones, deudas comerciales impagas con empresas privadas reportadas en la Cámara de Comercio de Lima y el índice de calificación comercial de dicho reporte arrojaba que era una empresa con un riesgo “por encima del promedio”. La dependencia financiera hacia Incot por parte de las empresas que habían sido subcontratadas por ella, hoy incapaces de continuar con la obra, transparenta la falta de conocimiento que tenía el municipio sobre los riesgos a los que estaba expuesta derivados de los llamados “proveedores menores”; es decir, aquellos que son subcontratados por el proveedor principal. Esta evitable falta de visibilidad suele traducirse, como se dio en esta oportunidad, en alta vulnerabilidad de la entidad contratante, retrasos y pérdidas millonarias.
Hoy, todo contrato entre privados para obras de gran escala requiere de una evaluación minuciosa de los postores y de un proceso adicional para el proveedor adjudicado. Esto permite una gestión, control y evaluación del portafolio de proveedores que limita riesgos de terceros al tener una mayor visibilidad y transparencia de su respaldo financiero, así como de su capacidad para cumplir con los estándares de ‘compliance’ de la organización, sin tomar por ahora en consideración evaluaciones de carácter ambiental y social. Que sea una práctica común en el empresariado, pero un hecho inusitado en el sector público habla por sí solo.
Generar mayor transparencia, objetividad y visibilidad en estos procesos siempre será un paso en la dirección correcta. Implementar mecanismos mínimos de debida diligencia podría ser una señal esperanzadora de que existe una cura para lo que hoy parece un mal endémico. Esta práctica por parte del Estado no es una innovación de vanguardia. Estados en países desarrollados y en vías de desarrollo ya realizan estas prácticas hace más de 50 años. ¿Por qué el Perú no?
