La trampa constitucional chilena

Al igual que en el Perú, la constitución chilena ha servido como marco para un crecimiento sin precedentes en la región. A pesar de esto, hace casi dos años, los chilenos decidieron que una convención se encargaría de redactar una nueva constitución que reemplazaría a la de 1989. Hace poco, salió a la luz el borrador.

A diferencia de la constitución chilena actual, este le da un rol protagónico al Estado en temas económicos (artículo 331); incentiva la creación de empresas estatales de forma contraria al principio de subsidiariedad (332); no da garantías a la inversión extranjera en términos de trato nacional o resolución de controversias a través de arbitrajes internacionales; le resta independencia a su banco central, el cual queda sometido a la política económica del gobierno (417); pone en riesgo la propiedad minera al establecer un dominio absoluto del Estado (324); y no pone candados suficientes al gasto público.

La parquedad reina en los temas económicos. Esto contrasta con su prodigalidad, redundante y extensa, en temas sociales, con una apuesta ideológica fuerte que se evidencia en la hipertrofia de deberes y atribuciones del Estado que literalmente llegan hasta el espacio sideral (330); el reconocimiento creativo de derechos sociales; las menciones al “género”, que aparece más de 30 veces en el texto; la protección del medio ambiente, incluso tratando a la naturaleza como un sujeto de derechos (107); y la división de competencias territoriales ligada a la etiqueta de “plurinacional”. Es, en ese sentido, una constitución que va más allá de lo que habitualmente se conoce como una “democracia liberal”, propia de la mayoría de países desarrollados, donde la constitución supone un límite a los poderes públicos, y se acerca más al modelo chavista.

Desde hace años, dirijo un proyecto de comparación de las constituciones de la región. En nuestro ránking, la constitución chilena actual es la segunda más ajustada a las políticas económicas sugeridas por el Consenso de Washington, basadas en décadas de buenas prácticas de instituciones como el Banco Mundial. El borrador está tan alejado de la ortodoxia económica que colocaría a Chile en el último lugar de nuestro ránking de ser aprobado, incluso muy por debajo de constituciones como las de Ecuador, Bolivia o Venezuela. Si bien países como Ecuador o Bolivia no han sufrido del todo los estragos de sus modelos económicos, nadie afirmaría que son dignos de imitar, especialmente en el plano institucional. Ambos son considerados regímenes semiautoritarios en el Democracy Index.

¿Qué esperar del caso chileno? Actualmente el texto se encuentra en revisión por parte de una “comisión de armonización” que tendrá un arduo trabajo, pero no podrá variar el sentido del texto. Así que, básicamente, lo que tenemos es lo que se someterá a votación. Si ganara el “apruebo”, Chile estaría en riesgo de transitar hacia la economía más estatista de la región y con un estado sobredimensionado que también pondría en riesgo la democracia.