Las víctimas de las esterilizaciones merecen justicia, por Camila Gianella

Alberto Fujimori, sus exministros de Salud, y uno de sus exdirectores de Salud, están siendo juzgados por el caso de las esterilizaciones forzadas. Este proceso, que llega 18 años después de que el Perú se comprometiera con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a investigar las denuncias y sancionar a los responsables, ha sido cuestionado por Keiko Fujimori al sostener que las esterilizaciones forzadas no fueron una política de Estado.

En lugar de reconocer el conflicto de interés (el caso involucra a su padre y a personas cercanas a su entorno) que le impide opinar objetivamente sobre el tema, Fujimori ha decidido deslegitimar el testimonio de miles de mujeres, que en sus relatos dan cuenta de la aplicación de una política de Estado.

Para Fujimori y sus aliados políticos, que el caso haya sido archivado en varias oportunidades demuestra su debilidad. Este argumento antojadizo omite que el caso fue archivado parcialmente por algunos fiscales que omitieron jurisprudencia internacional sobre esterilizaciones forzadas, así como evidencia de la participación de Alberto Fujimori en la implementación de la política. Gracias a la perseverancia de 1.300 víctimas, en su mayoría mujeres indígenas de comunidades rurales y pobres, el caso se reabrió y ha llegado a la etapa judicial.

Otro argumento utilizado por Fujimori en esta campaña es sostener que si se dieron, fueron casos aislados de abusos, y no una política. Para sostener esta tesis, se cita el número de casos reportados por la Defensoría del Pueblo, y se señala que estos representan un porcentaje pequeño del total de las esterilizaciones realizadas entre 1996 y el 2000. Esta interpretación caprichosa de los informes de la defensoría iguala el número de casos reportados por esta institución con el universo de casos, cuando sabemos que las víctimas de violaciones de derechos humanos suelen no denunciar los hechos por miedo a represalias. En los 90 no es difícil imaginar que las víctimas, la mayoría de zonas rurales, podían tener miedo a represalias o simplemente no contaban con los medios para denunciar. Estos informes son importantes, pues dan cuenta de un patrón de vulneraciones. Es sobre la de base de esta información que la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones al Ejecutivo. Algunas de estas recomendaciones fueron adoptadas; es decir, por los imputados, que aceptaron problemas en la implementación de la política de planificación familiar.

Se repite además cómo prueba que se dieron casos de esterilizaciones forzadas antes de 1996 y después del 2000. Nadie niega eso, y son casos graves que se deben sancionar. Sin embargo, esos casos no reflejan un patrón a nivel nacional como los descritos por los informes de la defensoría, ni se vinculan a la implementación de una política con el objetivo de reducir la tasa de fertilidad.

Otro argumento utilizado es señalar que la esterilización quirúrgica no fue un método privilegiado. Se ha presentado como evidencia las cifras del total de métodos repartidos entre 1996 y el 2000, obviando que para contabilizar las usuarias de métodos anticonceptivos se usan factores. En 1997 el Ministerio de Salud usaba el factor de Años Protección Pareja. De acuerdo a este, 100 tabletas vaginales, 13 ciclos de pastillas, 4 ciclos de inyectables, y 1 esterilización correspondían a una usuaria. Si se hace el cálculo de usuarias protegidas por método, la esterilización quirúrgica se encuentra tan solo por debajo de los dispositivos intrauterinos.

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas merecen un juicio justo. Minimizar con indolencia el sufrimiento de miles de ciudadanas no nos va a hacer mejores. Nuestros políticos y políticas deben entenderlo.