Más allá de la tumba: la memoria de Franco exhumada, por Martín Caparrós

El 24 de octubre, España desenterró los restos mortales del general Francisco Franco –quien gobernó el país durante 36 años– de su tumba oficial en el Valle de los Caídos. Los restos de Franco fueron depositados en una basílica en el monumento conmemorativo por su sucesor, el rey Juan Carlos, y han permanecido en terrenos sagrados y de propiedad estatal durante los últimos 44 años.

La muerte del dictador en 1975 allanó el camino para la transición de España a la democracia. Todos –incluidos los socialistas y comunistas, que fueron los más afectados por la Guerra Civil de 1936-39 y la represión durante el franquismo– acordaron dejar de lado el pasado y centrarse en el futuro.

Los Pactos de la Moncloa, un acuerdo entre políticos, partidos políticos y sindicatos durante el paso a la democracia, se citan a menudo como ejemplo de superación de rencores históricos. Pero otras personas los consideran un triunfo cobarde del olvido.

Fue solo a finales del siglo pasado que los descendientes de los muertos que lucharon por el bando republicano perdedor comenzaron a buscar a sus antepasados. Como habían pasado tantas décadas, los pocos que se preocupaban por hacer preguntas eran los nietos de las víctimas. En general, se inspiraron en los lamentos de las dictaduras sudamericanas de los años setenta, con algunas diferencias importantes. Los gobiernos militares dejaron a menudo un legado de descontento y de creciente desigualdad en sus países; en España, en cambio, prevaleció una sociedad más rica y satisfecha, que prefirió no revisar el pasado.

En el 2007, un gobierno socialista promulgó la Ley de la Memoria Histórica, que abordaba las reivindicaciones de los afligidos y prohibía el uso de nombres y símbolos franquistas en calles y plazas públicas, pero el caudillo permaneció en su basílica. Algunos argumentaron que los restos de un dictador no deberían descansar en un monumento público, pero estas objeciones fueron ignoradas en gran medida. Hasta hace poco más de un año, cuando el partido socialista se hizo con el poder mediante una maniobra parlamentaria y formó un gobierno provisional.

¿Qué sucede cuando los derechos a la verdad histórica y la identificación de los restos chocan con la convicción mayoritaria de que el avispero no debe ser sacudido? ¿Qué tiene prioridad en una democracia: la justicia o la voluntad general?

En respuesta, su familia buscó y obtuvo el apoyo de la Iglesia Católica para oponerse a la exhumación y luchó para mantener a Franco bajo su cruz gigante. El proceso parecía estancado hasta hace un mes, cuando el Tribunal Supremo rechazó todos los recursos y aprobó el traslado de los restos al panteón familiar de El Pardo, en las afueras de Madrid, lo suficientemente alejado como para no correr el riesgo de convertirse en un lugar de glorificación del franquismo o de peregrinación.

España tiene muchos problemas, pero ahora el primer ministro Pedro Sánchez podrá afirmar que ha eliminado una injusticia histórica. Será verdad. También será cierto que, en este punto, es mayormente simbólico: no hace que la política oficial sea más progresista; solo le da un toque de buen pulido de izquierdas.

La remoción de los restos de Franco puede ayudar al partido a recuperarse después de decepcionar o enojar a muchos votantes. Quizás el modelo es también de inspiración latinoamericana: En Argentina, por ejemplo, los Kirchner condenaron la dictadura, limpiando así su dudoso pasado y mejorando las alianzas, dando a sus gobiernos un barniz izquierdista que sirvió para legitimarlos y ganar votos.

Nada es más variable que el pasado. Está claro que la historia de un país está hecha de lo que no se sabe.