La gran consecuencia de esta crisis ha sido el duro golpe recibido por las pequeñas y medianas empresas (mipymes), donde usualmente habita la informalidad. Una forma de ilustrarlo es con el reporte de empleo de Lima Metropolitana que nos ofrece una lectura hasta abril. Según nuestros cálculos mensualizados, usando información del INEI, del total de 5,1 millones de trabajadores empleados en diciembre del 2019, solo en marzo y abril se perdieron casi 3,5 millones de empleos, y las empresas con menos de 10 trabajadores perdieron 2,5 millones, es decir, más del 70% del total. Hay que recordar que, normalmente, estas empresas representan el 60% del total de empleo.
El Gobierno hace bien en introducir un sesgo favorable hacia estas empresas en su plan de contención fiscal. La crisis ha hecho evidente que la informalidad nos ha jugado en contra y la salida de la crisis debería ser una oportunidad para avanzar hacia la formalización. Ejemplos de los avances en la política de Gobierno son los cambios en el reglamento de Reactiva Perú y en el decreto supremo que reanuda las actividades de la fase 2. Esencialmente amplía el límite de endeudamiento hasta tres veces de sus ventas mensuales o dos veces su endeudamiento mensual; relaja la restricción de la calificación crediticia y la fija sobre su desempeño en el 2019. Finalmente, permite el acceso a los créditos de Reactiva a empresas que antes no eran clientes de los bancos. En el caso de la reanudación de la actividad, también simplifica los protocolos e incorpora a los conglomerados comerciales como Gamarra, Polvos Azules y otros.
Uno se pregunta si estos cambios son suficientes o hay algo más que se pueda hacer. Un primer tema que vale la pena considerar es del porcentaje de garantía en los programas Reactiva y el FAE-Mype. Si bien es cierto que la mayor garantía, la del 98% del total, se les otorga a los préstamos de menor monto, presumiblemente los que obtendrían las mipymes, un análisis detallado de las tasas obtenidas en las subastas muestra que estas son las más altas y la desviación estándar es la mayor, con respecto a las empresas más grandes. Esto implica que existe mucha variabilidad entre las mipymes. Por ello, si la idea de una garantía diferenciada era neutralizar el riesgo crediticio y el sobrecosto incurrido por los intermediarios, lo que nos dice este análisis de tasas es que esto no se ha logrado.
Más preocupante es el sesgo formal en la propia normativa. Un ejemplo, que ya ha sido corregido mediante la modificación del reglamento de Reactiva, fue que a las empresas que antes no habían sido clientes de la banca les era más difícil acceder a este programa. Otro ejemplo son las declaraciones de funcionarios de Cofide confirmando que cerca del 50% de las aplicaciones de estas empresas fueron rechazadas por no completar correctamente los expedientes. Finalmente, salta con mayor fuerza el hecho de que se haya introducido como límite de cobertura del crédito, aparte de los tres meses de ventas, dos meses de deuda vigente en el 2019. Pero si partimos del hecho de que muchas de estas empresas son informales y quizás se financian con los ahorros de emprendedores o, más relevante aun, con rondas crediticias que no están registradas por la SBS, seguir pensando que las empresas informales son una suerte de empresas pequeñas que operan como formales no nos va a llevar muy lejos.
Sigo pensando que la forma más eficiente de ofrecer liquidez a las mipymes es estableciendo un fondo en Cofide que compre las facturas a estas empresas por intermedio del resto de instituciones financieras. Muchas de estas empresas facturan con las grandes empresas o directamente con el Estado y estas gozan de buen estándar crediticio, por lo que Cofide no incurriría en riesgos significativos al adquirirlas. Sin embargo, al realizar esta compra, las mipymes reducirán su ciclo de pago en aproximadamente 70 días, lo cual les significa menores costos financieros.
Pero lo que más necesitan es capital, innovación y simplificación normativa. De la comparación entre las mipymes y la gran empresa resulta evidente la gran diferencia en productividad y la falta de movilidad –nacen y se quedan mipymes–. Eso tiene que ver con estos tres factores. El Gobierno haría bien en constituir un capital de riesgo, un ‘matching fund’, ligado a la innovación que generen las mipymes, por ejemplo, una suerte de fondo que les duplique el capital si consiguen innovaciones, que podrían ser la bancarización, digitalización, entrenamiento de sus empleados u otras que les permitan dar un salto en su crecimiento. Un ejemplo es la sorpresa positiva que nos han dado los productores de Gamarra al optar por crear una aplicación que les permite vender sus productos desde una plataforma digital.
Donde más sufren estas empresas para convertirse en formales es en la estructura de costos. Existe la inexactitud de pensar que empresas informales son las que incumplen la normativa gubernamental, evaden impuestos y las leyes laborales. Muchos estudios han mostrado que la informalidad surge precisamente de los excesos en la normatividad, altos impuestos y beneficios laborales que para el pequeño emprendedor aparecen excesivos. La gran mayoría de estas empresas quisieran llegar a ser grandes, pero los excesivos costos iniciales terminan impidiendo esta transición. Lo deseable es que los costos aumenten gradualmente. Sin embargo, lo que nos va a permitir dar un salto cualitativo es cambiar la forma en que pensamos en la estrategia de formalización.