¿Nadine Heredia afecta la institucionalidad del gobierno?

JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN

Congresista de la bancada del Apra

Por mandato de la Constitución le corresponde al Consejo de Ministros la dirección y gestión de los servicios públicos y a su presidente la coordinación de las mismas. Pero además le confiere al presidente del Consejo de Ministros ser el portavoz autorizado del Gobierno, después del presidente.

Esta facultad de rango constitucional –además de la de refrendo– tiene su correlato en las responsabilidades que debe asumir. Es evidente que la Constitución no habilita camino diferente al señalado, siendo así que una persona ajena o extraña no puede ejercer estas funciones, y tiene lógica que al presidente del Consejo de Ministros se le asigne estas al ser el presidente de la República quien, en cambio, ejerce la jefatura del Estado y la nación.

La grave inestabilidad política que atraviesa el país se debe a que el rol de la primera dama, que debería ser de protocolo y de proyección o asistencia social, interfiere gravemente en la cadena de mando del Gobierno conforme establece la Constitución.

Los voceros del Gobierno han esgrimido argumentos para la injerencia de la primera dama que carecen de sustento constitucional, alegando que este es un “gobierno en familia”, “gobierno en equipo”, y lo más patético es que por ser la presidenta del partido que ganó las elecciones le corresponde ser la vocera oficial del Gobierno.

La imprudente y desmedida intromisión de la primera dama en asuntos del Gobierno la ha puesto al límite de usurpar funciones que a otros les corresponde por mandato constitucional.

En toda sociedad democrática y de derecho, el ejercicio de la función pública tiene como correlato la responsabilidad por dichos actos.  Resulta que ahora la señora Humala es “puntal importante del Consejo de Ministros”, a decir del señor Castilla y “vocera del Gobierno”, según versión del tristemente célebre Sergio Tejada, vocero de la bancada de gobierno y presidente de la megacomisión del despilfarro y de la persecución política a Alan García. Lo que ha evidenciado la última salida abrupta del primer ministro César Villanueva es la confirmación oficial de que un poder paralelo actúa en simultáneo en la más alta esfera del Gobierno, nada más grave y lesivo para fortalecer la institucionalidad del Estado.

El gran déficit de este gobierno justamente radica en la falta de liderazgo del presidente de la República en la conducción de las políticas públicas más prioritarias e importantes y con su ya conocida falta de autoridad.

Si el presidente, por las razones que ha esgrimido, quiere cubrir estas limitaciones con el auxilio de su esposa, tiene que darle marco normativo a esta delegación, porque de lo contrario sería erigirla como la única funcionaria pública del país con poderes de decisión, omnipotente y carente de responsabilidades, por lo que debería promover una norma que perfile estas funciones y las adecúe al marco constitucional. Lo contrario sería admitir expresamente que es posible que actúe un poder de facto paralelo, ilegal, sin límites, con el agravante de parecerse al poder de Montesinos de la década del 90, con sus conocidas consecuencias: corrupción, impunidad y grave perjuicio al país.

¿Será este el escenario que con la complicidad de algunos sectores se está montando para poner en marcha la “reelección conyugal”? El pueblo no lo permitirá.

OMAR CHEHADE

Congresista de la bancada de Gana Perú

A la primera dama la conocí en las turbulentas épocas de las denuncias y procesos políticos que injustamente afrontaba junto con su esposo, quien en ese entonces lideraba la oposición política del país. Fue un honor para mí asumir la defensa legal ante los tribunales y ante la opinión pública de ambos durante tres años consecutivos hasta que en el 2011 ganamos las elecciones generales. Me sorprendió gratamente verla en el local del Partido Nacionalista casi a diario como una mujer activista, firme y decidida, que participaba en casi todas las reuniones políticas con diferentes personalidades, gremios y con los congresistas del partido del presidente Ollanta. Debo admitir que después de seis años de esta importante experiencia me desilusiona ver a cierto sector de la nueva oposición política disparándole sin clemencia, quizás sin saber este testimonio de fe que esgrimo líneas precedentes, y sin considerar siquiera que Nadine Heredia es cofundadora con el presidente Humala del partido, la número dos del mismo, jefa de Relaciones Internacionales del PNP, y ahora la presidenta temporal del nacionalismo, y por ello (aunque a muchos opositores políticos no les guste y desearían verla solo como la esposa del presidente y, en extremo, solo dedicada a labores culinarias) su opinión sí importa. 

La señora Heredia ya ha expresado firme y repetidamente que no va a postular a la presidencia en el 2016 –y yo le creo–, pero para aquellos que hace más de un año han adelantado el reloj electoral y los que les asusta su figura y esa posibilidad, pues trabaja ad honórem con mucho éxito visibilizando y apoyando los programas sociales del Gobierno, sin poses, ni demagogia, ni esperando el aplauso de la tribuna. Su vigorosidad y carisma oxigena la política y también, hay que reconocerlo, a este gobierno. No recuerdo que alguna vez estos ataques se hayan dirigido tan a mansalva a ex primeras damas como María Delgado de Odría, Clorinda Málaga de Prado, Violeta Correa de Belaunde, Pilar Nores de García ni a la propia señora Eliane Karp de Toledo. Pero claro, ellas no eran cofundadoras de sus partidos ni presidían las organizaciones políticas de sus esposos.

Se ha llegado a decir que su presencia y opinión afecta la institucionalidad del Gobierno y del país, pero nadie ha sustentado con argumentos constitucionales qué norma de esa categoría ha sido vulnerada o afectada, porque simplemente no existe y porque lamentablemente la debilidad institucional la tenemos hace décadas. Por esto último son urgentes las reformas políticas del Estado, como recuperar el Senado de la República, eliminar el voto preferencial, reformar la ley de partidos y su financiamiento estatal, la instauración del voto voluntario y de los distritos uninominales para elegir a los congresistas, la ley antitránsfuga, entre otras. 

Creemos que si bien es cierto que hace unos días se presentó una breve crisis en el Gabinete ante la renuncia del primer ministro Villanueva, el Gobierno reaccionó con buenos reflejos solucionando el ‘impasse’ provocado por una descoordinación y falta de comunicación entre el ministro de Economía y el entonces presidente del Consejo de Ministros, quien constitucionalmente es el coordinador y jefe del Gabinete.

Por tanto, el suelo está parejo porque este gobierno respeta fielmente la institucionalidad y el Estado democrático, constitucional y social de derecho.