Veinticinco años han pasado desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado internacional de derechos humanos de mayor consenso en la historia.
Desde entonces, la concepción paternalista que se tenía sobre la niñez ha evolucionado y ha adquirido carácter universal. En la gran mayoría de países, niños y niñas han dejado de ser vistos como objetos de protección y atención solo cuando estaban en situaciones de vulnerabilidad, para convertirse en sujetos con derechos humanos y necesidades de protección especial.
El Perú fue uno de los veinte primeros países en ratificarla en 1990. A partir de ese momento, el país ha realizado importantes esfuerzos por garantizar a sus niños, niñas y adolescentes los derechos consagrados en la CDN. Se adaptó la legislación vigente y se puso en marcha políticas y estrategias que han permitido ir resolviendo diversos problemas que afectaban a la niñez a finales de los 80.
Un hito lo constituyó, sin duda, el Código de los Niños y Adolescentes, promulgado en 1992 y modificado en el 2000. Justamente en estos días, en el Congreso se está debatiendo una propuesta que lo reemplazaría. Unicef, como organismo que brinda asistencia técnica al Estado Peruano para garantizar los derechos de la niñez, confía en que los parlamentarios optarán por una norma que facilite plenamente el cumplimiento de la CDN. Asimismo, coincide con la Defensoría del Pueblo en que el nuevo código no puede dejar entreabierta la puerta a posiciones que desestiman el derecho de la niñez a opinar, organizarse y participar; que condicionan el acceso de los y las adolescentes a los servicios de salud sexual; que no condenan plenamente todas las formas de violencia contra la niñez y restan importancia al lenguaje inclusivo en un país en el que miles de niñas y adolescentes son las más excluidas. Urge también garantizar nuevos estándares respecto al derecho de todo niño a vivir con su familia, o en un ambiente familiar que lo acoja.
El Perú tiene importantes avances en el difícil camino de la inclusión social de la niñez. La reducción de la mortalidad infantil de 79 a 18 por cada mil niños menores de 5 años, la disminución de la carencia de registro de nacimiento de niños hasta los 5 años de 16% en el 2004 al 4,4% en el 2012 y casi universalizar la educación primaria al pasar de una tasa de matrícula de 91,5% en el 2002 al 96% en el 2012 son algunos de los logros de un país en el que las políticas de Estado a favor de la niñez han sabido trascender a los gobiernos de turno.
Legislación adecuada, políticas públicas e inversión social son la ecuación perfecta para cumplir con un deber ético, político y social que tenemos los adultos con la niñez peruana. Los logros alcanzados son un esfuerzo compartido con los gobiernos que ha tenido el país en estos 25 años. Se suman a ello profesionales del sector público, iglesias, organismos no gubernamentales, empresas, comunidades y propias familias comprometidas con estos progresos.
Por otro lado, retos hay muchos. Reducir a cero la mortalidad neonatal, infantil y materna, la anemia y la desnutrición crónica; garantizarle a niños, niñas y adolescentes el derecho a vivir en familia y libres de violencia, y asegurarles educación de calidad y con pertinencia cultural son algunos de ellos. Para enfrentarlos, se requieren asignación presupuestal garantizada, decisores políticos, servidores públicos, comunidades y familias comprometidos con la formación de una generación con igualdad de oportunidades. Es necesario, asimismo, que en cada decisión prime el interés superior de la niñez, consagrado en la CDN.