No me voy a quedar de brazos cruzados

Cuando leí el proyecto de sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que busca anular ‘Roe contra Wade’ [el fallo de 1973 que consagró el derecho al aborto en Estados Unidos], quedé devastada. Fue impactante ver, expuesto en fría jerga legal, el descarado razonamiento ideológico que desconoce el derecho constitucional al aborto.

Entiendo la frustración que muchas están sintiendo. Yo también la siento. ‘Roe’ ha sido ley durante 49 años; esto es, casi toda mi vida. Pero puede que no sea ley para el país de mis hijas. Muchas de nosotras temíamos que llegara este día; por esta razón, el mes pasado presenté una demanda y, basándome en mi autoridad como gobernadora, le pedí a la Corte Suprema de Michigan que resolviera de inmediato si nuestra legislación estatal incluye el derecho a acceder al aborto.

Como mujer nacida y criada en Michigan, tengo la obligación moral de defender los derechos de las casi 2,2 millones de mujeres de Michigan que perderán el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos si cae ‘Roe’. Michigan, como otros estados, todavía tiene una ley que penaliza el aborto. Se promulgó en 1931 y una vez que se publique oficialmente la decisión de la Corte Suprema convertirá a nuestro estado en sede de una de las políticas contra el derecho a decidir más extremas de Estados Unidos. Si cae ‘Roe’, el aborto se convertirá en un delito grave en Michigan, sin excepciones para los casos de violación o incesto.

Mi argumento se basa en el debido proceso y en las cláusulas de protección igualitaria en la legislación de nuestro estado. La cláusula del debido proceso en la legislación de Michigan protege el derecho al aborto de la misma manera que, según ‘Roe’, lo hace la Constitución de los Estados Unidos, y la cláusula de protección igualitaria prohíbe que un estado adopte leyes basadas en justificaciones paternalistas y generalizaciones demasiado amplias sobre el papel de la mujer en la fuerza de trabajo y en el hogar. Otras legislaciones estatales, como las de Kansas, Montana, Alaska y Florida, ya han sido interpretadas para proteger el derecho al aborto.

Espero que mi demanda pueda ofrecer un curso de acción para que otros la sigan. Animo a mis colegas gobernadores, legisladores estatales, líderes del sector privado y ciudadanos a utilizar todas las herramientas disponibles para proteger el acceso a abortos legales y seguros. Dado que Michigan tiene una legislatura controlada por el Partido Republicano, no soy optimista de que yo, como gobernadora demócrata a favor del derecho a decidir, pueda lograr que se apruebe un proyecto para anular la ley de Michigan de 1931.

Es cierto que aquellos residentes en estados en los que el aborto ya está protegido a nivel estatal, y en los que seguirá siendo accesible aun si cae ‘Roe’, pueden sentirse seguros. Sin embargo, existe un peligro real de que en unos pocos años, con el control total de las palancas federales del poder, quienes están en contra del derecho a decidir puedan promulgar una prohibición federal del aborto, que podría abolir el aborto a nivel nacional, independientemente del estado.

A nivel nacional, me uní a varios compañeros gobernadores de todo el país para instar al Congreso a aprobar la Ley de Protección de la Salud de la Mujer. El proyecto de ley, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, incorporaría las protecciones ofrecidas por ‘Roe’ a la legislación federal. Les imploro a los integrantes del Senado a que se unan y lo hagan. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados esperando a que el Congreso haga algo.

La mayoría de estadounidenses apoya el aborto legal y seguro, así como las protecciones que ofrece ‘Roe’. No quieren que ni la Corte Suprema ni los legisladores estatales les quiten un derecho fundamental que las mujeres han tenido durante casi medio siglo. Los estadounidenses confían en las mujeres, no en los políticos, para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. También, se oponen a castigar a las mujeres que aborten y a las prohibiciones de aborto que comienzan a las seis semanas de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.

Ya sea a través de la legislación, la acción ejecutiva o la participación ciudadana, la respuesta ante una decisión abiertamente política de un organismo que supuestamente debería de ser apolítico es participar de todas las formas posibles.

Un puñado de estados ya protegió el acceso al aborto a través de iniciativas electorales en la década de 1990. En el 2019, Illinois, Nueva York, Rhode Island y Vermont modificaron sus leyes estatales. Massachusetts se unió en diciembre del 2020 y Nueva Jersey hizo lo propio en enero último. Colorado lo hizo el mes pasado y Connecticut la semana anterior. En California, se están realizando esfuerzos para agregar el acceso al aborto seguro y legal a la legislación estatal. Los estados están liderando el camino.

En el sector privado, empresas como Amazon, Citigroup, Levi Strauss o Yelp han anunciado que cubrirán los costos de viaje de los empleados que decidan realizarse procedimientos médicos que estén prohibidos en los lugares en los que residan, incluido el aborto. Lyft y Uber pagarán los gastos legales de los conductores que sean demandados por trasladar a mujeres a clínicas de aborto en aquellos estados en los que criminalicen a todos aquellos que ayuden a una mujer a abortar.

Si no usamos cada palanca de poder que tenemos en este momento, o si sucumbimos ante la complacencia, muchas estadounidenses sufrirán y hasta podrían morir. Todos podemos sentir la desesperanza y la desesperación que sienten decenas de millones de mujeres estadounidenses, nuestras vecinas, familiares y amigas. Pero la desesperación es una elección y el pesimismo es un lujo. Debemos tomar medidas sin precedentes para proteger el derecho a elegir.

–Glosado, editado y traducido–

© The New York Times