Nueva reforma tributaria, ¿nuevo fracaso?, por Juan José Marthans

Desde hace 30 años, el Perú se ha enfrascado en diferentes reformas de carácter tributario. Lo único que hemos tenido es fracaso tras fracaso. Parece que el reciente anuncio del Gobierno para solicitar facultades extraordinarias al Congreso apunta a lo mismo.

Nuestro nivel de recaudación es la mitad del observado por las economías de la OCDE y un tercio menos a la mostrada por el promedio de la esfera latinoamericana. Esta no es una historia reciente; viene de mucho tiempo atrás y se mantuvo en el marco de reformas como la ahora dada a conocer. Anunciar una supuesta reforma tributaria sin programar acciones y sin disponer de una propuesta que progresivamente regenere la formalidad en el país es casi un despropósito. Se busca recaudar más acentuando la carga tributaria en los menos de 20.000 contribuyentes que explican el 80% de los ingresos tributarios. Se ha anunciado lo de siempre, con la única diferencia de que ahora se ha agregado un componente ideológico vistiéndolo como un tema propio de “lucha de clases”, del pobre contra el rico.

La verdad, sin embargo, es que estamos enfrentando una crisis de confianza, de unidad nacional, de carga ideológica inservible, que desacelera cada vez más las posibilidades de crecimiento de nuestro PBI para el 2022. Hasta hace poco, las principales entidades financieras del mundo proyectaban un crecimiento de alrededor del 6%, en línea con lo que siempre crecemos cuando, adicionalmente al respeto de los fundamentos económicos, recibimos un espaldarazo positivo del alza de los precios de los minerales. Hoy, por el contrario, los estimados están en alrededor del 2%.

Estamos disponiendo de un alza en los últimos 18 meses, de alrededor del 54% en el precio del cobre, del 48% en el del zinc, del 30% en el de la plata y del 14% en el del oro. Es un gran momento para que crezcamos impulsados por este factor exógeno. Pero, como vamos, ni este componente nos salvará y aterrizaremos en la mediocridad del 2% estadístico con una contracción abierta de la inversión privada de dos dígitos. Los grandes responsables de esto son la inconsistencia y las contradicciones en la gestión gubernamental, los azuzadores profesionales de división y resentimiento, y la escasa posibilidad que tenemos los peruanos de ampliar el espectro de nuevas alternativas en nuestro campo político.

Pero existe otro elemento a considerar que desperdiciaremos: el impacto de los precios de los minerales sobre el nivel de recaudación. Se estima, en general, que por cada 10% del incremento en el precio del cobre, se impulsa la recaudación fiscal en un equivalente al 0,2% del PBI. Agréguenle a esto el impacto sobre la recaudación del incremento en el precio de los otros metales. Con ello, esta administración dispondrá de un ingreso fiscal, adicional al que usualmente se dispondría, de alrededor de US$3.000 millones. Sin haber hecho nada.

Hagamos cifras gruesas. Hemos tomado deuda hace pocos días por US$4.000 millones. Por regularización tributaria, se han obtenido otros US$1.500 millones. A esto, añadamos los US$3.000 millones por efecto de los precios de los minerales. Son US$8.500 millones adicionales en las arcas del tesoro nacional. Con las medidas recientemente anunciadas, se pretende captar el equivalente a otros US$3.000 millones adicionales. Es decir, se dispondría de US$11.500 millones adicionales. Esto equivale al 5,5% del PBI y a más del 20% del presupuesto para el próximo año. Una suerte para el Gobierno. No estoy seguro de que sea lo mismo para todos nosotros.

¿Por qué tanto apremio por llevar mucho más dinero hacia sus arcas? Nadie está en contra de mejorar las demandas en educación, salud, agro, agua y conectividad. Como objetivo, esto está muy bien. Sin embargo, es una lástima que este Gobierno no haya incluido en su lista la necesidad de luchar contra el narcotráfico, la inseguridad y la corrupción. Estos flagelos son los grandes ausentes en sus planteamientos.

Seamos sinceros, al igual que ha ocurrido con otras malas experiencias en la región, ¿se quiere más dinero para orientarlo al clientelismo político, a la compra de votos de cara al proceso electoral del 2022? ¿Así se demuestra seriedad, responsabilidad y real apoyo a los segmentos vulnerables del país?

Finalmente, ¿esta administración tiene capacidad de gasto? No se esboza ni una solución al tema de la pésima asignación de recursos regionales; no se dispone de cuadros gubernamentales calificados como para garantizar una gestión de mínima calidad; no se dispone de confianza en un segmento de nuevos funcionarios que estarían vinculados al lavado de dinero, al narcotráfico y a la corrupción; se dejará de utilizar alrededor del 25% del presupuesto de inversión pública por pura ineficiencia. Una administración que no ha emprendido el mínimo esfuerzo para ordenar el gasto, ¿desea más dinero? ¿Con parte de ese dinero se hará proselitismo electoral vía asistencialismo?

Es claro, pues, que lo que se nos ha presentado como una supuesta reforma tributaria dista mucho del éxito que debería tener. Es claro que la política y la ideología continuarán perturbando el buen manejo de la cosa pública. Es claro que el segmento más vulnerable de nuestra población se verá nueva y seriamente defraudada. Es claro que no hay visión de futuro, no hay capacidad de gestión, no hay un real compromiso con los peruanos. Está claro que necesitamos nuevas alternativas en lugar de reeditar las que hasta hoy hemos tenido y tenemos.