Obras paralizadas: una oportunidad para nuestra economía

En reciente informe de la Contraloría General de la República se indica que existen 2.538 obras paralizadas en todo el país que suman un aproximado de S/24.374 millones. En un intento por resolver este problema, la contraloría promovió en el 2019 la aprobación del D.U. 008-2019, una norma que aprobó medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas por parte del Gobierno central. Sin embargo, su implementación solo logró reactivar un porcentaje poco significativo de un volumen tan importante de proyectos pendientes de ejecución.

La puesta en marcha de esos S/24.374 millones en obras significaría para el Perú un aumento en su proyección de crecimiento del 1% o el 1,5% del PBI anual; una cifra que mejoraría las expectativas que existen actualmente en una coyuntura política poco alentadora. Lo mejor, además, es que las propuestas pueden salir del Legislativo y no necesariamente del Ejecutivo.

La única iniciativa propuesta alrededor de este problema no apunta a la solución de la actual crisis en materia de infraestructura, sino que pretende evitar que a futuro se repita. Se trata de un proyecto de ley que plantea requisitos más rigurosos para iniciar procesos de amparos e interponer medidas cautelares con las que se suelen paralizar o retrasar la ejecución de obras públicas. Esas figuras procesales son utilizadas frecuentemente y terminan retrasando de manera dramática la ejecución de estas.

Por otro lado, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas cuya función es proponer mejoras al marco legal de las contrataciones del Estado, no ha planteado ninguna solución para acelerar la ejecución de obras paralizadas en un escenario de crisis inflacionaria y déficit de inversión pública como el actual. Lo que se hizo durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti fue pre-publicar dos proyectos de ley que planteaban la aprobación de una nueva Ley de Contrataciones del Estado, pero que no se llegaron siquiera a presentar al Parlamento y que, por cierto, no se enfocaron tampoco en soluciones puntuales para el problema.

Solo la reactivación de estas obras paralizadas pondría en marcha la generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, lograría la reactivación de centenares de empresas, conseguiría mayor recaudación de impuestos y le brindaría a la población de diversas zonas del país el acceso a servicios esenciales por los que esperan desde hace décadas. La cantidad de dinero que tenemos hoy detenido es el equivalente a lo que se ha destinado en la Reconstrucción del Norte: S/25.500 millones.

Una vía de solución que ponga en marcha los S/24.374 millones en obras paralizadas se encuentra en manos del Congreso que, a través de sus Comisiones de Fiscalización y Contraloría, Economía y Finanzas y Pro-Inversión, puede impulsar la conformación de mesas de trabajo que elaboren propuestas orientadas a dar una pronta solución al problema de las obras paralizadas y, a su vez, que planteen una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado teniendo entre sus objetivos unificar nuestro régimen legal en la materia –hoy muy disperso–, usar nuevas modalidades, evitar la conformación de “clubs” de la construcción y mejorar las condiciones de acceso y competencia de nuestras empresas del rubro nacionales.

Una reforma a Ley de Contrataciones también permitiría crear un Régimen de Incentivos para funcionarios a fin de que cumplan con las metas de ejecución presupuestal de las entidades y un Régimen de Incentivos tal y como existe en otros ámbitos para que empresas hoy impedidas de licitar puedan volver a participar en las convocatorias a nivel nacional.

Finalmente, debo precisar que esta misma reforma permitirá acelerar el avance reducido (17%) que ha tenido la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura en casi tres años, el mismo que fue aprobado con el objeto de priorizar la ejecución de 52 importantes proyectos por cerca de S/114.000 millones y que viene siendo actualizado por el Ministerio de Economía y Finanzas para su relanzamiento.