Oídos sordos, por María Alejandra Campos

Se han escrito muchas columnas en torno a la necesidad de que el Congreso tenga una actitud más dialogante hacia el Ejecutivo. Sin embargo, no hay ningún incentivo para que ello suceda.

A simple vista, el destino del Congreso parece estar ineludiblemente atado al del presidente. En el primer año de gobierno, Pedro Pablo Kuczynski ha perdido 27 puntos de popularidad y el Congreso 23. La pendiente en la caída difiere debido a las expectativas creadas en torno a cada actor.

Al estar representada por una figura concreta, cada elección es un borrón y cuenta nueva para la Presidencia de la República. Por ejemplo, Ollanta Humala terminó su mandato con 25% de aprobación y PPK empezó con 61%. Es decir, el presidente empieza desde un punto más alto. En cambio, el Congreso, más complejo y abstracto de evaluar para el ciudadano de a pie, carga con tan mala reputación institucional que desde el primer mes de este gobierno era aprobado apenas por el 45% de la población.

Sin embargo, las consecuencias de un mal desempeño varían significativamente según el actor. En el caso del presidente Kuczynski, al no tener partido que lo respalde, el apoyo popular es su principal –por no decir la única– fuente de capital político. Sin él, ejecutar su agenda de gobierno y sobrevivir a los embates de la oposición le va a ser cada vez más difícil.

Ni qué decir de tratar de dejar a un sucesor en el próximo período presidencial. El nivel de desprestigio de los presidentes al finalizar sus mandatos ha sido tal que nadie se imagina a Toledo, García o Humala-Heredia con opciones de ganar la segunda vuelta en el 2021.

El caso del Congreso es distinto. A pesar de no ser el poder más desprestigiado (el Judicial se lleva el título), sus niveles de aprobación siempre han sido menores a los del presidente. Según la encuesta de julio de El Comercio e Ipsos, apenas 23% lo aprueba. Lo lógico sería que esta mala evaluación se traduzca también en un futuro rechazo electoral a sus miembros. Sin embargo, ese sentido común no aplica para los congresistas. Según Transparencia, de los 52 congresistas que buscaron la reelección en el 2016, 31 lo lograron. Es decir, el 60%.

¿Qué incentivos tiene el Congreso, entonces, para ser la institución dialogante que reclaman los peruanos? Podría pensarse que una mala evaluación impacta en las posibilidades de Fuerza Popular de ganar, al fin, la presidencia en el 2021. Sin embargo, la aprobación de Keiko Fujimori, gracias a su táctica de opinar lo mínimo necesario en los temas relevantes del debate nacional, se ha mantenido en un sólido 40% en lo que va del gobierno. Queda entonces la inocente motivación del bien mayor: el desarrollo del país.

Hace unos meses el politólogo Alberto Vergara llamó al fujimorismo una “caja de resonancia de un archipiélago de intereses particulares”. Si tiene razón, aunque el mototaxi tuviese intenciones altruistas en el ejercicio de su poder, el camino al bicentenario se vislumbra accidentado y con pocas posibilidades de una articulación real entre el oficialismo y su contraparte legislativa.