Peruanos que faltan, por Eduardo Vega

Mañana se cumplirán 30 años desde el execrable crimen ocurrido en Putis, un alejado pueblo de Ayacucho donde fueron asesinadas más de 120 personas. Lamentablemente, solo se pudieron recuperar 92 cuerpos y apenas 28 de ellos fueron identificados; el resto fue sepultado como NN por la comunidad.

Junto con los justos reclamos por lograr justicia, y por que los responsables sean debidamente identificados y sancionados, los familiares reclaman también encontrar a sus seres queridos. Esta es una demanda exigida desde hace muchos años por miles de peruanos y peruanas que hasta hoy desconocen el paradero de las víctimas de este crimen.

Es importante reconocer los esfuerzos impulsados por los sectores involucrados en recuperar, identificar y restituir los restos de las víctimas, pero la magnitud de la tragedia demuestra que lo hecho hasta hoy resulta insuficiente. Es indispensable, de cara al transcurso del tiempo, dar una respuesta adecuada y cumplir con la deuda moral que tenemos como Estado: entregar los restos de sus familiares.

La desaparición forzada es quizá el más vil de todos los crímenes contra los derechos humanos. Es la destrucción de un proyecto de vida, no solo de la víctima, sino también de quienes la rodean. A la persona desaparecida se le sustrae de toda protección legal, mientras que a sus seres queridos se les impone vivir con dolor, angustia e incertidumbre permanentes, se les niega la justicia en tanto no se conoce su paradero ni a los responsables y se les niega el derecho a darles sepultura conforme a sus costumbres y creencias. Se les niega, a todos, su dignidad.

No se sabe con exactitud el número de personas desaparecidas en el período 1980-2000. El Consejo de Reparaciones ya acreditó a más de 8.000 personas; el Ministerio Público ha señalado alrededor de 15.000. Ese es uno de los problemas del cual se parte: no contar con una cifra real de víctimas. En doce años, el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal recuperó 2.478 restos mortales y ha entregado cerca de 1.500 cuerpos a sus familiares, lo que demuestra que tendrían que pasar muchas décadas para dar una respuesta a todas estas familias.

Por ello, urge implementar una política integral, articulada, multidisciplinaria y coordinada con diversos sectores, con una mirada mucho más sensible y humana. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene, desde mayo del presente año y producto de reuniones de trabajo, una propuesta consensuada con diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil involucradas en este tema.

Se trata de una política de búsqueda, identificación y restitución de restos que no se enmarque exclusivamente en el proceso penal y que atienda las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares. Que fortalezca, además, la labor forense y que facilite un trabajo más coordinado que permita afrontar la dimensión y complejidad de la problemática.

Han pasado 30 años: no los hagamos esperar más. Estas familias merecen cerrar este ciclo de dolor e incertidumbre. Estas familias merecen una respuesta ahora.