Planear para el peor día, por Eduardo Morón

Felicito la iniciativa de El Comercio de ponernos a todos a planear para lo que podríamos llamar el peor día de nuestras vidas: un gigantesco terremoto en la zona más densamente poblada del país, seguido de un tsunami que termine de destruir lo que no hizo la ola sísmica. Frente a este tipo de escenarios de baja probabilidad, pero catastróficos, lo que queda es anticiparse y enfocarse en estas tres tareas: (i) entender los riesgos que enfrentamos (se caerá mi vivienda, morirá mi familia, no podré trabajar, etc.); (2) analizar qué puedo hacer para mitigar los riesgos que he identificado; y (3) transferir parte del riesgo utilizando algún seguro catastrófico.

Es crítico que tanto cada una de nuestras familias como el propio Estado sigan la regla de las 3P: plan, preparación y presupuesto. Las familias deben discutir qué hacer si el sismo les toca estando algunos fuera de casa, deben preparar mochilas de emergencia bien equipadas y actuar respecto de cómo pagarán las reparaciones que hagan falta.

Por su parte, la respuesta del gobierno tendrá tres momentos: (1) la emergencia, (2) la rehabilitación y (3) la reconstrucción. Al comienzo, importará atender a los heridos, recoger fallecidos, restablecer servicios básicos (como agua y electricidad) y despejar vías principales. Luego se empezará a repartir alimentos y agua hasta donde se pueda, y se instalarán carpas y hospitales móviles para luego despejar escombros en el resto de las zonas. Para estas dos primeras fases de respuesta rápida se necesita preparación, logística y financiamiento.

Luego vendrá la tercera fase, donde siempre hemos fallado: la reconstrucción. Casi nadie tiene asegurado sus bienes y, por ello, le reclamaremos al Estado que nos ayude a reponer las viviendas. En un terremoto con 600.000 viviendas inhabitables, esto es impagable y no será prioritario. Para ello, el Estado podría promover aseguramiento catastrófico automático como una cobertura para quienes estén al día en sus impuestos prediales, como se ha hecho en Colombia. El Estado debe priorizar la reconstrucción de su propia infraestructura, que tampoco está asegurada. El Estado tiene tres activos críticos que necesitará reconstruir: las carreteras no concesionadas principales, los hospitales y los colegios públicos.

El Estado necesita tomar lecciones de la pésima respuesta frente a los impactos de El Niño; ya pasaron cuatro años y vamos a mitad de camino. Se necesita tener listo no solo un esquema que financie esta reconstrucción, que podría costar fácilmente 5-10 puntos del PBI, sino que esté enfocada en restablecer los servicios que estos activos proveen: conectividad, atenciones de salud, servicios de enseñanza. Por ello, parte del aseguramiento debe incluir módulos temporales. La ley de contrataciones del sector público debe tener un capítulo especial sobre cómo contratar bajo circunstancias de desastre de gran magnitud y no inventarse uno en medio de la respuesta del desastre.

Hoy, nadie discute que los activos públicos deben mantenerse, pero no invertimos en seguros que permitan que la brecha de infraestructura pública se dispare luego de un siniestro mayor. Tal y como ocurre en México, las regiones que tienen activos públicos bajo su administración deben poner de la suya antes del siniestro y no solo estirar la mano después. #EstemosListos porque el peor día de nuestras vidas podría estar cerca.