Planificación posreconstrucción, por José García Calderón

Dos años después del fenómeno de El Niño costero, el Gobierno Peruano inició, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y diversas municipalidades provinciales, un inédito proceso de formulación de planes urbanos en las ciudades afectadas, en el marco del Plan de la Reconstrucción con Cambios, ante la abrumadora evidencia de que la falta de planificación urbana y territorial fue uno de los principales factores que determinaron la gravedad de los daños ocasionados.

Este mes, finalmente, los concejos provinciales de Santa, Huaraz y Huarmey acaban de aprobar el primer grupo de planes correspondientes a la región Áncash. De todo el conjunto de ciudades y territorios sobre los cuales se desplegó este esfuerzo planificador, destaca la ciudad de Chimbote, la más poblada de toda la región y ejemplo emblemático del proceso de urbanización que transformó la estructuras económicas y sociales de nuestro país en el último medio siglo.

Chimbote ha sido anteriormente objeto de icónicas experiencias de planificación urbana como el Plan Director de 1950 a cargo de Jose Luis Sert, renombrado urbanista catalán y el plan de la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada, luego del desastre del Callejón del Huaylas en 1970, el mismo que sentó las bases para la ampliación de la ciudad hacía Nuevo Chimbote. Tras varias décadas de crecimiento urbano, los planes recientemente aprobados han permitido también contrastar los modelos que impulsan los planes con la ciudad real resultante.

Uno de los casos donde se observa con mayor contundencia la divergencia entre la planificación urbana y el crecimiento espontáneo de la ciudad se encuentra en la expansión sur de Chimbote, sobre las pampas del proyecto Chinecas, donde en un lapso de 10 años se invadió más de 500 hectáreas, una superficie superior a distritos limeños como Jesús María o Pueblo Libre. Tal como ha demostrado la Municipalidad Provincial del Santa, un gran porcentaje de lotes no cuenta con ocupación efectiva, lo que evidencia el fuerte carácter especulativo que tienen estas invasiones. La necesidad real de vivienda que caracterizó el emblemático crecimiento urbano durante el ‘boom’ de la pesca y la siderurgia en los años 60 ha sido reemplazado en gran medida por la apropiación ilegal del suelo como un bien potencialmente negociable en el mercado informal y posteriormente en el formal cuando las autoridades, ante la presión popular, terminen regularizando todo este proceso. La reciente aprobación de la prorroga a la formalización de las invasiones no hace sino consolidar esta práctica que estimula el tráfico de terrenos, incrementa el déficit presupuestal municipal y castiga iniciativas formales de desarrollo inmobiliario, entre otros efectos.

La formulación de los planes urbanos de la reconstrucción también ha permitido contrastar los alcances y la fortaleza del marco normativo vigente, como el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible aprobado en el 2016, cuyo enfoque se sigue orientando a la regulación del crecimiento urbano por expansión y no a la reconversión de áreas actualmente ocupadas que presentan condiciones bastante deficientes de urbanización y constituyen, no solo en Chimbote, el caso más frecuente en la mayoría de las ciudades peruanas donde reside más de tres cuartas partes de la población del país actualmente.

Queda claro, finalmente, que ocupar primero y corregir después está lejos de ser un camino alternativo viable a la planificación. Y que evadir la responsabilidad de precisar claramente los límites entre la ilegalidad y la informalidad normalizada nos conducirá ineludiblemente en el sentido inverso a la solución de los problemas que tarde o temprano deberemos enfrentar.