Pluralismo informativo, por Cecilia Chacón de Vettori

Una pugna empresarial para la adquisición de Epensa, entre el Grupo El Comercio (GEC) y el Grupo La República (GLR), ha sido convertida, por el grupo perdedor, en una “lucha por los derechos humanos” para lograr la reversión de tal compra, cuando en realidad se trata de un tema netamente empresarial y privado.

Hace unos días apareció en “La República” un artículo del doctor Diego García Sayán, exponiendo limitados textos de una serie de sentencias de la Corte Interamericana, ninguna vinculada a límites de participación en el mercado de la prensa gráfica. Textos que quiere hacer aparentar como una base jurisprudencial en contra de la compra de Epensa, en relación con la acción de amparo interpuesta por un grupo de periodistas allegados al GLR, que pretenden revertirla.

Casi en simultáneo, un alto funcionario del Poder Ejecutivo informaba de la inminente formulación de una consulta a la Corte Interamericana. Se podría opinar que se trata de presionar al Poder Judicial para que dicte una sentencia favorable para el GLR.

El fundamento principal del GLR contra la compra se relaciona con que con ella el GEC tendría una participación mayoritaria en el mercado de los diarios.

Sin embargo, es curioso que el diario “La República”, en noviembre del 2013, publicara una serie de gráficos en los que se puede ver claramente que si dicho grupo adquiría Epensa, hubiera tenido el 58,88% de participación en la región norte, 74,96% en la región sur, 61,55% en la región centro y 53,8% en la región oriente. En Lima no hubiera obtenido la mayoría de participación, pues el GEC ya la tenía, sin necesidad de considerar a los diarios de Epensa.

Sería bueno que los ‘luchadores’ por los derechos humanos y los ‘patrocinadores’ de la acción contra el GEC nos digan cómo así hubiera sido correcto y totalmente respetuoso de los derechos humanos, según su posición, que el GLR se haga de una participación del mercado de la prensa escrita de entre el 53% y el 74% en todas las regiones del Perú, y cómo así cuando la compra es realizada por la competencia, esa sí atenta contra los derechos humanos.

Lo cierto, en mi opinión, es que se trata de una compra limpia y transparente, luego de una pugna entre dos grupos empresariales, en un sector (prensa escrita) que no tiene limitaciones de ingreso o salida al mercado, pues las posibilidades de fundar y difundir prensa escrita son totalmente libres en el Perú. Por el contrario, castigar la mayor cobertura y el éxito en materia periodística es la mayor expresión de violación al derecho de información que tenemos todos los peruanos.

La demanda de acción de amparo y los diferentes artículos periodísticos que pretenden sustentarla nos recuerdan a la gran transformación, aquella que en su página 57 admira como “el primer gran cambio” la confiscación de los diarios en el gobierno militar de 1968 y que seguidamente propone un “reparto” de los medios de comunicación para “garantizar la libertad y pluralidad de la información y de la opinión” y “recuperar el carácter de servicio público de los medios masivos de comunicación”. 

Y es que cuando los gobernantes y sus “intelectuales” dicen querer cambiar el orden actual en nombre de la “libertad de prensa”, lo que realmente buscan es acabar con ella.