No al populismo de la criminalidad, por Diego Tuesta

La palabra ‘criminalidad’ es un poco engañosa (y más cuando se  la emplea en tiempos electorales), pues engloba fenómenos muy distintos entre sí: robo y hurto en las calles, extorsión, narcotráfico, trata de personas, etc. Los gobiernos a menudo no consideran estas diferencias y diseñan estrategias sin mayor distinción. 

Cuando un candidato promete “mano dura” o “luchar frontalmente” contra la criminalidad, es mejor desconfiar. La evidencia muestra que no hay nada más falaz que diseñar estrategias sobre esos lugares comunes. En política, claro está, los gestos importan. Y las políticas de mano dura sirven para que la autoridad se legitime ante los ciudadanos. Pero las estrategias de fondo no se pueden basar solo en gestos, porque, como se ha visto tantas veces, la realidad al final termina pasando factura. 

Un ejemplo emblemático de populismo en materia criminal son los megaoperativos policiales. Han sido la receta para prácticamente todo en los últimos tiempos: narcotráfico, contrabando y, sobre todo, minería ilegal. Estas intervenciones aseguran buenas fotografías –como la destrucción de dragas en Madre de Dios–, pero su efectividad es dudosa, son poco sostenibles y desvían al Estado de su objetivo central: controlar las condiciones que hacen posible el delito. 

Terminado el megaoperativo y retiradas las fuerzas del orden, las condiciones siguen presentes. Además, las operaciones son costosas y el carácter repetitivo de las intervenciones las vuelve predecibles. También implican un despliegue logístico tan grande que a menudo –muy a menudo– la información se filtra. Hay redes delictivas que incluso prevén pérdidas y disponen medidas de contingencia ante los megaoperativos. 

Por eso, una de las principales reformas a emprender por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es en inteligencia policial (y es positivo que así lo reconozca su plan de gobierno). La propuesta implica hacer operaciones inteligentes, focalizadas según el tipo de fenómeno criminal y la magnitud del  daño que provocan sobre la sociedad. La inteligencia policial sirve justamente para detectar los puntos débiles en las redes criminales y ponderar los riesgos de intervención. 

Aumentar la capacidad y cobertura de la fuerza pública es indispensable, aunque también insuficiente. Se necesitan datos confiables para mejorar la calidad del gasto y traducir las metas operativas en medidas de impacto.  

La inteligencia operativa no se practica igual en sectores urbanos que en áreas rurales. Y es importante tener esto en cuenta, porque a menudo se asocia la seguridad ciudadana solo con criminalidad urbana. Uno de los desafíos en sectores urbanos consiste en recuperar espacios públicos y garantizar un uso ordenado de los mismos, como apuntan Jaris Mujica y Nicolás Zevallos en un reciente trabajo. Pero en ámbitos rurales los desafíos pasan más por controlar las rutas de abastecimiento en delitos como la minería ilegal y el narcotráfico, desarticulando las redes organizadas que dirigen estos negocios (tarea donde una persecución penal focalizada puede tener un rol importante). 

En suma, tipos de inteligencia operativa según las particularidades del fenómeno criminal. La tarea es compleja, y el ministro del Interior tendrá el desafío de conciliar demandas de resultados rápidos con reformas estructurales cuyos impactos serán visibles a largo plazo.