Por un plan integral de salvataje a la cultura, por José Carlos Mariátegui

El COVID-19 ha puesto en evidencia lo que todos conocíamos pero que evitábamos enfrentar: la precariedad del sector cultural. Hoy, ante una situación increíblemente difícil para la cultura, un sinnúmero de entidades han hecho un llamado a los gobiernos a fin de que asignen con urgencia fondos de ayuda para salvar a los museos y a otras instituciones, así como a los creadores y profesionales del sector.

En el Perú, donde el apoyo público se ha centrado en lo patrimonial, muchas iniciativas, sobre todo las vinculadas a la creación contemporánea, son gestionadas mediante instituciones privadas sin fines de lucro. Estas entidades dependen en buena medida de ingresos propios provenientes de taquillas, de cursos, talleres o espectáculos que hoy han desaparecido. Ello, combinado con niveles relativamente pequeños de reservas financieras, hace presagiar que muchas instituciones culturales no podrán sobrevivir. Individualmente, el fracaso de estas organizaciones es doloroso, pero colectivamente su pérdida diezmaría nuestro ecosistema cultural y la cadena económica que la constituye.

La situación de los profesionales culturales independientes es también crítica. Una encuesta realizada recientemente a trabajadores de las artes visuales por los curadores y docentes universitarios Max Hernández y Carlos Zevallos (ver: https://bit.ly/2x4dCoC) evidencia que más del 90% de los trabajadores de la cultura en el Perú son independientes, de ellos el 71% indicó que sus jornadas de trabajo han disminuido considerablemente. Lo que resulta más alarmante es que el 60% manifestó que no tenía ningún seguro de salud y el 63% carece de un fondo de pensiones.

Ante esta situación se requiere urgentemente un plan integral de salvataje a la cultura que permita a las instituciones y personas enfrentar sus urgencias. Se trata de otorgar apoyos financieros para resolver los problemas económicos básicos generados por esta crisis y que permitan estabilizar, transformar y planificar los proyectos culturales acorde con las necesidades y condiciones de consumo durante y después del estado de emergencia.

Este plan de salvataje debería articularse en tres etapas:

En la primera –en el cortísimo plazo–, los fondos deben servir para estabilizar, mediante financiamiento directo, los costos de planilla y gastos básicos en la gestión de espacios culturales. Debe sumarse a ello la disponibilidad de créditos públicos con largas devoluciones y sin intereses. Al mismo tiempo, debe realizarse un censo de trabajadores de cultura a fin de identificarlos y proveerles de apoyo económico y social dependiendo de sus situaciones.

En una segunda etapa –casi en paralelo, pero una vez estabilizada la situación económica básica–, debe reenfocarse la labor del arte y la cultura como medio de cohesión social y ciudadanía, proporcionando espacios de aprendizaje que permitan una mejor comprensión de nuestro lugar en el mundo. Para ello se debe disponer de fondos concursables orientados a proyectos curatoriales, de investigación, de creación y de producción que pongan a disposición libre contenidos variados mediante plataformas digitales. Se debe estimular que estos contenidos sean producidos para diversos niveles y públicos. Deben ser lo más inclusivos posibles, considerando la realidad de nuestras poblaciones indígenas y comunidades vulnerables. Por ello, debe contemplarse, además de los canales de difusión del Estado (IRTP), la difusión vía radio comunitarias y en múltiples lenguas. La convocatoria debe estar abierta tanto a instituciones como a todos los profesionales del sector, motivando el trabajo en equipo y multidisciplinario. En el caso de la producción de contenidos digitales, esto debe venir de la mano de muchísima capacitación técnica y se debe apuntar a congregar en pocas plataformas la mayor cantidad de esfuerzos, optimizando recursos e incluyendo formas de acceso para discapacitados, facilitando así las obligadas curvas de aprendizaje en el uso de una plataforma. Esto no solo beneficiaría a los creadores y sus audiencias, sino que por primera vez tendríamos contenidos relevantes a nivel local.

Finalmente, una vez que el Estado brinde las indicaciones sobre las restricciones de circulación y los estándares de salud para prevenir contagios, las instituciones culturales tendrán una responsabilidad central en educar a la ciudadanía sobre cómo transitar en espacios públicos. De la mano con ello, se deben implementar tecnologías que complementen los contenidos en las plataformas digitales con el espacio físico bajo las nuevas condiciones pos-COVID-19.

Este proceso debe ir acompañado de un diálogo permanente entre el Ministerio de Cultura y la sociedad civil y debe ser una oportunidad para integrar contenidos culturales a los planes educativos y turísticos del Estado. Si bien el Ministerio de Cultura ha establecido diálogo diligente con diversas instituciones y agremiaciones que representan a profesionales de cultura y han realizado una encuesta en conjunto con la Municipalidad de Lima, aún se espera que presente un plan de acción integral e información online, como ya lo han hecho en la región otros países.

Las instituciones de cultura cumplen un papel esencial en proteger, investigar y difundir la identidad de nuestros pueblos y son determinantes para promover una reflexión en tiempos de incertidumbre.

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