El primer discurso presidencial ha estado marcado por el “qué” hacer. El tratamiento de la seguridad no ha sido ajeno a esto. En una presentación que evitó los listados de lavandería, el mensaje marca un horizonte para la seguridad. Destaca que el anhelo de paz en calles y hogares sea parte de un mensaje que propone una “revolución social”, un país justo para todos y, particularmente, el bienestar de las personas como el objetivo de cambio hacia el bicentenario.
Este anhelo se apoya en tres pilares: (1) la seguridad ciudadana, (2) las fuerzas del orden y (3) la justicia. El primer pilar se centra en la violencia urbana y el delito patrimonial menor que, según datos de la policía, representó el 62% de las denuncias al 2015.
Es positivo que el mensaje desarrolle un horizonte –la tranquilidad de los padres, el uso ciudadano de los espacios públicos y una vida menos “enjaulada” en la ciudad–, y no solo meras precisiones sobre el incremento de capacidades operativas (más policías, más patrulleros, más cámaras, más armas, etc.). La integración con los gobiernos locales será un elemento vital para alcanzar este horizonte.
Sobre las fuerzas del orden, el mensaje parece evidenciar que se entiende la importancia de la participación de los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el proceso de reforma de esta institución. No han sido menores las preocupaciones en la familia policial sobre lo que implicarían algunas medidas discutidas en los últimos meses. Asegurar el cumplimiento de sus demandas salariales y previsionales, así como la profesionalización de sus funciones, es un primer puente para que los efectivos policiales participen en la construcción de, según el próximo ministro del Interior, Carlos Basombrío, la mejor policía de América Latina. Es preciso tomar en cuenta que, de acuerdo con el Latinobarómetro, el 67,5% de los peruanos tenía poca o nula confianza en la PNP al 2015.
El mensaje sobre las fuerzas del orden contrasta con el tercer pilar: la impartición de justicia. Este es uno de los principales retos, pues se requiere la integración sistémica de las agencias con las que el Estado persigue y sanciona el delito (la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario). Esto no tiene por qué vulnerar la autonomía de estas agencias. Sin embargo, la impunidad no se reduce solo con mejoras en la labor de la policía. Demanda un compromiso interagencial con la reforma y el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia.
El mensaje presidencial también tuvo ausentes. El principal fue el tráfico ilícito de drogas. Se dejó pasar la oportunidad para comunicar qué enfoque seguirá la política de drogas. Si bien durante los últimos años se han tenido logros, aún no se sabe cuánta cocaína se produce en el Perú. La brevedad del mensaje también dejó fuera a los mercados ilegales de la madera, el oro, el contrabando, así como a otros fenómenos no menos importantes como la trata de personas, la violencia sexual y el control de armas de fuego.
Es importante que un primer mensaje presidencial determine qué se piensa hacer en seguridad. A pesar del énfasis urbano y de los temas ausentes, es positivo que se preste mayor atención a la convivencia ciudadana, antes que al populismo penal y al mero incremento operativo de las capacidades de control. Corresponde esperar a la presentación del primer ministro para saber cómo se traducen estos horizontes en quehaceres que nos permitan llegar con un país seguro al bicentenario.