Reactiva Perú: ¿reactiva?

Hasta hoy, lo único claro frente al COVID-19 es que va a llevarnos a una recesión transitoria, que su origen es externo y su alcance global, que nunca el mundo desarrollado y emergente reaccionó con medidas de compensación financiera-fiscal tan expansivas como hoy, que el 2021 será mejor que el 2020 y que la economía peruana ha demostrado una resiliencia excepcional estos últimos 21 años. Estamos transitando un gran problema, un serio bache, pero no la extinción del mundo y menos la del Perú. Dada cualquier magnitud de impacto esperado a escala global, el Perú será una de las economías que mejor deberán amortiguar parte de este. El FMI, el Banco Mundial y hasta Cepal coinciden en esto último.

En ese marco, somos testigos en el Perú de cómo, para amortiguar el impacto negativo del COVID-19, se están tomando diversas medidas en materia económica y financiera. Por ejemplo, una de las medidas que paliarían un posible rompimiento de la cadena de pagos está vinculada al programa recientemente anunciado Reactiva Perú. No hay duda de lo bien direccionado de este, pues lo que busca es evitar la paralización y quiebra de empresas y que el canal del empleo se debilite en extremo. Muchos países están aplicando programas similares, por lo que no se debe interpretar como el resultado del cerebro de un ser iluminado en el Perú. Sin embargo, es necesario presentar algunas breves reflexiones sobre su posible operatividad en nuestro país a fin de, si es necesario, reacomodarlo para mejorar su efectividad:

Primero, los mecanismos de ‘accountability’ o rendimiento de cuentas requieren apuntalamiento. La banca va a prestar recursos con la garantía de todos los peruanos. Si los banqueros no recuperan un crédito, no perderán ellos sustancialmente, perderemos –en su gran mayoría– todos los peruanos. Esa diferencia, con respecto a cualquier crédito otorgado regularmente, hace que sea necesario que se rindan cuentas, de manera trasparente, sobre el impacto, beneficiarios y destino sectorial de estos recursos. A qué tipo de empresa se prestó, a qué sector estaba vinculada, cuánto empleo permitió mantener, a qué proveedores se les alivió la vida. Puede ser oneroso hacerlo y es inusual en coyunturas regulares, pero debemos realizar algún esfuerzo en esa dirección, dada la excepcionalidad del fondeo del programa. La verdadera transparencia no le hace daño a nadie.

Segundo, la tasa de interés y los montos que logre definir una entidad financiera a través de la subasta realizada por el Banco Central es otro ambiente que requiere diafanidad. Como bien sabemos los peruanos, una subasta no siempre es sinónimo de transparencia ni de igualdad de condiciones para los partícipes de esta. Dada la heterogeneidad de tamaño y especialización de nuestras entidades financieras, no sería inteligente hacer competir a entidades con costos operativos unitarios propios de financieras que atienden a un pequeño empresario, con otras entidades que requieren los recursos para apoyar al frente corporativo. Existe espacio para que el reglamento recientemente publicado por el BCR aclare más este tema esencial.

Ahora que por fin sabemos el costo de los recursos por el lado del BCR y de Cofide, está claro que el costo del crédito para los prestatarios en emergencia no debería, en promedio, estar muy alejado del establecido en Chile. Estamos atravesando, realmente, una excelente oportunidad para que la nueva generación de banqueros de nuestro país busque un definitivo acercamiento con los usuarios del sistema. El costo de financiamiento que determinen para el frente productivo, la celeridad y transparencia con que sean canalizados los recursos garantizados por todos los peruanos y la minimización de sus márgenes jugarán un rol fundamental en dicho cometido.

Tercero, aparentemente el dimensionamiento de los fondos del programa requiere revisarse. Quizá nos quedemos muy cortos si los problemas sanitarios se extienden. El segmento mype sería el menos favorecido en las actuales circunstancias; es decir, aquel segmento más ligado a los trabajadores informales, independientes y asociados a las capas más vulnerables. Perú Reactiva, para determinar el monto máximo de apoyo que recibirá una empresa, demanda del empleo de elementos ligados a las planillas reportadas a la Sunat o los aportes anuales a Essalud. Seamos honestos, con dichos parámetros y requisitos, estamos dejando de lado a más de un 80% del sector mype, que requerirá apoyo de capital de trabajo. La razón es sencilla: ellos no disponen de esa información.

Claro está, algunos dirán que el programa FAE-PYME, similar al Reactiva Perú, cubrirá la limitación señalada. Pues bien, hasta hoy se le ha asignado solo S/300 millones, es decir, el 1% de lo asignado a Reactiva Perú. Sus fondos se podrían cuadruplicar de acuerdo con lo recientemente mencionado por ciertos funcionarios. Pues bien, si fuera así, sigue siendo insuficiente. Algunos datos. Solo el “crédito normal” a las microempresas y pequeñas empresas del país representa más de S/36.000 millones en el sistema financiero. Los hasta hoy S/300 millones asignados al FAE- MYPE representan solo el 0,8% del total del crédito canalizado al sector.

Finalmente, el hecho de que Perú Reactiva requiera ciertos apuntalamientos no significa que sea un producto inadecuado, ni por ello el actual diseño deba ser motivo de crítica política. Sin embargo, los hacedores de política monetaria deben entender que en economía, al igual que en la ciencia médica, tan importante como la medicina es la dosis que se aplique. Al igual que la medicina, es importante que el remedio llegue realmente al paciente. Al igual que la medicina, es importante que el remedio no esté adulterado.