El problema es político

En nuestro país, los partidos están en el primer puesto de instituciones menos confiables: el 92,7% de los ciudadanos no confía en ellos (el porcentaje es 30 veces más alto que el porcentaje de los ciudadanos que sí confía, que es el 3,1%) (INEI, 2022). Y el problema está en que las reglas de juego vigentes están hechas de tal manera que profundizan la crisis de representación. Pero las reglas de juego no son por sí mismas una respuesta a la crisis. Aunque los parlamentarios se enfoquen en el reformismo como un mecanismo para aparentar buscar resolver problemas estructurales, las reformas que se están planteando solo reflejan la ingeniería de quienes quieren mantener el estatu quo. Nuestro problema no es normativo, nuestro problema es político.

En el 2018, el Gobierno Peruano introdujo dos reformas constitucionales y cuatro reformas legales en un momento de discusión de una reforma política más amplia. La ventana de oportunidad para discutir la reforma era resultado de un paréntesis político específico en donde plantear cambios estructurales a los problemas coyunturales parecía generar cierto oxígeno para quienes ejercían el poder en este momento. Esta reforma es una de las 20 reformas legales del sistema electoral, del sistema de partidos y del sistema de gobierno que se han tratado de introducir desde 1977 en el país (Freidenberg, 2020 citada en Transparencia, 2023). La mayoría de estas reformas coinciden con los años previos a procesos electorales (Campos, 2023). Para lograr el impacto estructural que se requiere, es necesario separar el oportunismo político de las propuestas de modificación de las reglas de juego.

En agosto del 2019, el Congreso de la República planteó la Ley 30998, que modificaba la Ley 28094, ley de organizaciones políticas, llamada “Ley de Organizaciones Políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas”. Lo que planteaba esa ley era la introducción en el Perú de lo que se conoce en América Latina como las PASO: primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y que a la fecha se han implementado en varios países de la región, algunos en donde hay mayor satisfacción con la democracia como Uruguay.

En julio del 2020, el Congreso aprobó una ley que señalaba que las modificaciones a la ley de organizaciones políticas no eran “de aplicación para las elecciones del 2021″ y que se debería reactivar su vigencia a partir de las elecciones del 2022.

En las elecciones internas del 2021, la tasa de participación (número de electores que fue a votar sobre el total de electores hábiles) varió del 23,8% en el caso del Partido Morado (4.181 electores movilizados) al 0,6% en el caso del Partido Nacionalista (1.415 electores movilizados) según datos de la ONPE. En seis de los ocho partidos inscritos, no participó más del 10% del total de la población apta para votar (es decir, del 6,6% de los electores peruanos que están inscritos en un partido) para elegir a los candidatos que serían los representantes en las elecciones regionales y municipales de ese año.

Esto deja ver dos problemas evidentes: primero, que los que tienen el poder de voto dentro de las organizaciones partidarias no lo ejercen y, segundo, que los candidatos que finalmente resultan apareciendo en las listas no son representativos ni de los que hacen política partidaria ni de los ciudadanos. Este modelo, de baja representación, es el que se está tratando de preservar a grandes rasgos.

En los últimos cinco años el Perú ya ha discutido la naturaleza de la reforma que se requiere, el problema es su implementación parcial y la fragmentación de las temáticas: primarias, bicameralidad, reelección y voto requieren de una discusión conjunta. Para renovar la forma de hacer política en el Perú se requiere que haya parámetros que generen dinámicas, como poder escoger por quien queremos votar, que nos devuelvan la confianza en las instituciones. Los congresistas quieren reelegirse y es válido, si quieren mantener ese puesto requieren de una segunda validación ciudadana, lo que podría generar incentivos a mejorar el desempeño. Una reforma requiere que no se confunda oportunidad política con oportunismo político. Es por ello que es necesario aprobar las PASO, como un compromiso con el futuro de la política en el país.