Respeto a las competencias y al trabajo conjunto, por Nelson Shack

La corrupción y la inconducta funcional en el sector público significaron pérdidas al país por más de S/22 mil millones en el 2020, de acuerdo con un estudio elaborado por la Contraloría General de la República (CGR). Eso se traduce en servicios que el Estado no entregó a los ciudadanos y, en muchos casos, en dinero que terminó en los bolsillos de gente inescrupulosa, generando una enorme frustración entre los ciudadanos.

Hace unos días, frente a un auditorio de decenas de alcaldesas, el Gobierno sorprendió al anunciar la creación de un “nuevo organismo” –aparentemente dentro del Ejecutivo– que tendría a su cargo supervisar la ejecución presupuestal “en las municipalidades, gobiernos regionales, los propios ministerios y entidades del Estado, para ver dónde va el dinero que les damos, dónde van los presupuestos”, para lo que convocaría a las personas “más idóneas del país”.

Adicionalmente, el presidente de la República hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que “ayude” al Gobierno en dicha fiscalización, revelando un equivocado enfoque conceptual que no se condice con lo establecido en la Constitución y con los avances logrados en los últimos años en la lucha contra la corrupción, desde el inicio de la profunda reforma estructural del Sistema Nacional de Control.

Conforme con el artículo 118 de la Constitución, corresponde al Poder Ejecutivo administrar la hacienda pública con respeto a los principios de probidad, responsabilidad, eficiencia y sostenibilidad, entre otros. Mientras que el artículo 82 señala a la Contraloría General de la República como el órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control, contando para ello con plena autonomía.

Debemos tener clara esta diferencia de atribuciones. El Poder Ejecutivo cuenta con diversas competencias soberanas en materia de ejecución del presupuesto público, pero que no implican que pueda actuar como juez y parte respecto de dicha ejecución; sin embargo, ello ocurriría de constituirse un organismo que fiscalice el manejo de los fondos públicos bajo su responsabilidad, retrocediendo a situaciones que no permitieron un combate eficaz contra la corrupción, como ocurría cuando los órganos de control institucional (OCI) dependían del titular de cada entidad estatal auditada. Es decir, no había autonomía e independencia del controlador sobre el controlado. Hoy en día la CGR viene ejecutando el plan progresivo de absorción de OCI para garantizar la autonomía del control gubernamental.

La creación de un nuevo organismo que desarrolle funciones similares a las que ya cumple la contraloría carece de utilidad. Es imprescindible, por el contrario, reforzar las facultades y acciones de la CGR en lugar de crear una burocracia que poco o nada aportará a la fiscalización de los recursos públicos y que generará superposición de funciones, descoordinación y confusión en la ciudadanía.

Lo que se necesita es el apoyo decidido del Poder Ejecutivo para fortalecer las capacidades de las distintas instituciones públicas que conforman el ecosistema de control, pues solo si todos los eslabones de la cadena de valor anticorrupción se fortalecen, la sociedad obtendrá resultados concretos y sostenibles.

Dicho respaldo debe traducirse en aportar los recursos necesarios para culminar con el proceso de absorción de las OCI, el fortalecimiento de los mecanismos de control concurrente, la ampliación de los operativos de control territorial en todos los sectores y niveles, la mejora de la interoperabilidad de datos para la atención de las denuncias, la aprobación de la ley de la carrera del auditor gubernamental y un mejor marco normativo para el control de las inversiones bajo la modalidad de obras por impuesto y convenios de Estado, manteniéndose las facultades sancionadoras de la CGR ante actos de corrupción administrativa, entre otros.

Confiamos en que el Ejecutivo se concentre en las actividades de gestión, ejecución y cumplimiento de los grandes objetivos que el país espera, haciendo así la diferencia en favor de las poblaciones más vulnerables, dentro del pleno respeto por los principios democráticos y el estado constitucional de derecho. Desde la Contraloría General de la República, continuaremos luchando contra la corrupción, la impunidad y la inconducta funcional y promoviendo, desde un enfoque de control preventivo y no solo punitivo, una mejora en la calidad y cobertura de las intervenciones estatales, para lograr una adecuada provisión de bienes, prestación de servicios y construcción de obras, en beneficio de todas las peruanas y peruanos.