Los soldados a la calle, por Roberto Chiabra León

Todos los candidatos a la Alcaldía de Lima coinciden en que el principal problema que tiene la capital es la inseguridad ciudadana y, para combatirla, proponen una serie de acciones para reducir la delincuencia, pero ninguno plantea el desarrollo de un proceso integral que considere actuar sobre las causas y los efectos que atentan contra la vida y la dignidad de las personas por ser la seguridad ciudadana un fenómeno social que comprende la crisis de valores, la falta de servicios básicos, la baja calidad de gestión, la contaminación, el incumplimiento de los parámetros urbanísticos, la pobreza, la discriminación, el incremento del consumo de drogas, la trata de personas, los jóvenes sin capacitación ni oportunidades y la pérdida de confianza en las autoridades. La seguridad es mucho más que combatir la delincuencia.

Una de las propuestas considera urgente la declaración del estado de emergencia en Lima, por 180 días, aplicando medidas radicales, como disponer el patrullaje militar continuo en las zonas más peligrosas de cada distrito bajo un comando operativo de seguridad liderado por el alcalde. Si esta propuesta fuera sometida a una encuesta, de seguro tendría una alta aceptación ciudadana por el nivel de violencia alcanzado en que el derecho a la vida ha perdido valor. Pero es una propuesta que no está en la competencia de un alcalde, no es una fórmula sensata ni conveniente y no reducirá la inseguridad ciudadana.

El estado de emergencia, según la Constitución, es decretado por el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros por no más de 60 días, y las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente.

Cuando participan, sin asumir el control, sus tareas se orientan a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, pero no para enfrentar a los perturbadores del orden, tarea que realiza la PNP como parte de su competencia funcional. Asimismo, el presidente de la República es el único que tiene como atribución disponer el empleo de las Fuerzas Armadas. Además, en la organización del Comité de Seguridad Ciudadana (regional, provincial, distrital) no está considerada ninguna autoridad militar (Ley 27933).

La posición común ante la ineptitud de la gestión política en materia de seguridad es la tendencia a utilizar, cada vez con mayor frecuencia, a las Fuerzas Armadas para la solución de los conflictos sociales (en este caso sería para la seguridad ciudadana), con el agravante de disponer su participación directa con un alto riesgo para los derechos humanos del personal militar, que después tiene que asumir las consecuencias de una mala decisión política.

La solución no pasa por trasladar las tareas policiales a las Fuerzas Armadas, que no están diseñadas ni preparadas para ello, sino por ubicar patrullas integradas de policías y serenos en los puntos sensibles establecidos en el mapa del delito y en dar a la PNP la autoestima y la capacidad necesarias para que cumpla sus funciones. No pasa por quitarle o hacerle compartir sus funciones porque se les debilita estructural y moralmente. La PNP tiene la necesidad urgente de recuperar su autoridad, el respeto y la confianza de la población. Debemos darle la oportunidad de que lo logre.