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La transferencia de gobierno es un acto técnico, político y ético. Tres dimensiones centrales en la acción de gobernar. No es una “entrega de cargo” ni una “evaluación de la gestión”. Tiene naturaleza propia y su importancia es radical. Trabajan juntos representantes del sector (Grupo de Trabajo) y del gobierno entrante (Equipo Revisor).
Un cambio de gobierno precisa garantizar la continuidad del servicio público a favor de los y las ciudadanas, facilitar las condiciones para la gobernabilidad con información cierta, identificar tareas pendientes en un marco de transparencia. Para ello, este año, la Contraloría formalizó mediante una directiva un procedimiento para la transferencia, gran iniciativa que deberá ser mejorada a partir de la experiencia de su aplicación.
La transferencia constituye un acto técnico, pues consiste en la revisión del estado de los sistemas administrativos. Verifica si la información está completa, clara y coherente, y si permitirá comprender cómo están los proyectos de inversión, los procesos de selección, la ejecución de los contratos, garantías, presupuesto, contabilidad, recursos humanos, entre otros temas. Es necesario convocar a expertos en gestión pública y mejor aún si conocen el tema. Se requiere la disposición del sector para brindar y atender solicitudes de información, así como realizar coordinaciones entre las partes.
La transferencia es, también, un acto político, pues consiste en la verificación de los avances, las prioridades y lo que está pendiente en asuntos de línea. Las presentaciones de viceministros, directores y jefes de organismos públicos son claves para conocer de fuente directa el estado del sector. Abundan las reuniones, PPTs, pedidos de información y expedientes adicionales.
Los expertos temáticos son necesarios. Considerando que representas formalmente al nuevo gobierno, la responsabilidad es enorme: conocer aquello que debe ser adoptado por la gestión antes de irse y lo que debe ser dejado para el que ingresa. Empieza el momento de leer políticamente el sector y notificar y alertar al gobierno entrante de riesgos, dudas y acciones que deben ser tomadas inmediatamente.
En mi experiencia, la transferencia es, además, un acto ético. Ordenar y formalizar el proceso es una manera de luchar contra la extendida costumbre de perder documentos, tomar decisiones de última hora, y dejar conflictos a la siguiente gestión. Es una forma de asegurar que quien ingresa, sabe claramente qué hay y qué falta. Se pone en valor la transparencia y la rendición de cuentas.
Y es también un acto de responsabilidad con el país. Cientos de hombres y mujeres que formaron parte de los equipos revisores dedicaron su tiempo, durante un mes, a colaborar sin sueldo alguno. Unos vuelven a sus trabajos y otros serán convocados por la nueva gestión. Para quienes presidimos los equipos es un acto de confianza del gobierno entrante que se agradece y se realiza con convicción.
Finalmente, todo busca que el Perú tenga un mejor Estado, uno que coloque al ciudadano y ciudadana como prioridad, como centro, en el que se respeten derechos, se promueva el crecimiento y se fortalezca la democracia; se trata de esa nueva República para todos y todas que desde 1821 intentamos construir en un mar de precariedades pero, a la vez –y es lo que hay que resaltar siempre– en un infinito océano de posibilidades que nos ofrece nuestra cultura, nuestra diversidad. Ese es el Perú, y bien vale el esfuerzo.
