Una nueva viabilidad

Es difícil para mi generación no asociar los actos de violencia y muerte de los últimos días con los tiempos aciagos del terrorismo.

Fui lamentable testigo, junto a un gran amigo, del horror causado por el coche bomba de Tarata transcurridos 15 o 20 minutos de la detonación. A unas seis o siete cuadras del lugar, bajamos del auto en el que veníamos a observar ese cuadro desolador de fuego, gritos, sangre y sirenas. Luego, mientras regresábamos por Shell sin poder creer lo que tuvimos frente a los ojos, la pregunta que casi de inmediato nos asaltó fue si no era irresponsable pensar que nuestros hijos nacieran en el Perú, en ese momento, un país casi inviable.

Esa misma pregunta se la vienen haciendo hace un tiempo muchos jóvenes. Las causas claramente no son las mismas (no tenemos un movimiento terrorista asesinando a civiles, policías y militares a mansalva por todo el país, y tampoco hiperinflación), pero el móvil sí: ¿es el Perú viable como una nación integrada por valores comunes como la democracia y el respeto a la ley y la Constitución, más allá de nuestras obvias diferencias de todo tipo?

No hay una respuesta sencilla. Una manera de abordarla es preguntarnos qué nudos deben desatarse para hacer más factible esa viabilidad. Habrá muchos enfoques, formas de abordaje y prioridades en la caja de herramientas, pero, si me apuran, diré que son dos los urgentes: la disfuncionalidad del Estado y la del sistema político.

Ojo: urgentes. Es claro que un país con instituciones, pero sin educación (la capacidad que se debería instalar en hogares y escuelas sobre el concepto de bien común y el propósito de la cosa pública), en el largo plazo tampoco podrá ofrecer buenos resultados en la vida de sus ciudadanos.

Hoy los principales enemigos del futuro del Perú no son ni Sendero, ni el MRTA, ni la derecha, ni la izquierda (aunque está última se compró, como dije en mi columna pasada, los boletos completos de la Tinka en el gobierno de Castillo), sino todas las economías ilegales (desde el narcotráfico, pasando por la minería ilegal, el tráfico de terrenos, la tala y el transporte informal, hasta el contrabando) que anualmente generan un movimiento de dinero superior a los US$6.650 millones (“Las economías criminales y su impacto en el Perú”, publicación de Capital Humano y Social).

Son los operadores de estos sectores los que se han visto desplazados (parcialmente) del gobierno castillista y actúan por mandato también en el Congreso. Son estos mismos los que tienen suficiente capacidad para controlar gobiernos regionales y municipios. Y son los que cuentan con suficiente espalda logística y financiera como para poner en jaque a un país vía actos de violencia y vandalismo.

Obviando al verdadero enemigo, ninguna reforma apuntará al objetivo correcto. Y quién sabe si dentro de pocos años la pregunta pase a ser: ¿cuándo perdimos al Perú?