La oleada de protestas que sacudió a América Latina en el 2019 fue un punto de inflexión, no solo en la política de los países involucrados, sino también en la comprensión del desarrollo a largo plazo de la región. El COVID-19 ya está afectando los niveles de vida y provocando en las percepciones y expectativas de la población transformaciones que todavía no son fáciles de comprender en su plenitud (menos aún de abordar). Una respuesta colectiva que permita resolver el creciente descontento demanda de las autoridades una reconsideración de los contratos sociales nacionales y la reapertura de amplios procesos de diálogo.
PARA SUSCRIPTORES: Persistiendo en el error, por Juan José Garrido
Hay varias preguntas fundamentales que es necesario resolver. ¿Qué obstáculos frenan el desarrollo de la región? ¿Están las instituciones públicas preparadas para dar una respuesta adecuada a las nuevas aspiraciones de la ciudadanía y a las inquietudes nacionales? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía para que pueda promover sus cambiantes demandas de manera eficaz y mantener la rendición de cuentas de los gobiernos?
Las protestas que atravesaron la región tomaron desprevenidos a muchos observadores, porque durante la última década hubo una mejora de la situación socioeconómica de América Latina. Pero la región enfrenta ahora tres grandes “trampas de desarrollo”: un conjunto de círculos viciosos que impiden a los países avanzar hacia una mayor prosperidad.
La primera trampa es institucional. Una combinación de aspiraciones en aumento sumada a la creciente desconfianza y descontento hacia las instituciones públicas debilitó la “moral tributaria”: la gente se muestra más reacia a pagar impuestos. A su vez, una baja moral tributaria hace más difícil a los gobiernos financiar servicios públicos mejores y, de esta manera, responder a las nuevas demandas sociales. En el 2018, por ejemplo, solo el 25% de los latinoamericanos tenía confianza en sus gobiernos (en el 2006, la cifra era 39%) y solo el 42% estaba satisfecho con los servicios sanitarios (contra un 57% en el 2006). Tal vez lo más sorprendente sea que en el 2016, el 53% de la población regional consideraba tener una justificación para no pagar impuestos.
La segunda trampa se refiere a la vulnerabilidad social. El avance macroeconómico de la última década en América Latina llevó a la expansión de una clase media vulnerable, que abarca alrededor del 40% de la población regional. Si bien los miembros de este grupo ya no están en la pobreza extrema, por lo general tienen empleos informales, ingresos reducidos e inestables, y carecen de protección social alguna. A menudo, esto les impide buscar empleos mejores y más estables, lo que los deja, junto a sus familias, en riesgo constante de volver a la pobreza.
Finalmente, muchos países latinoamericanos también enfrentan la trampa de la baja productividad. Están especializados en exportaciones primarias poco elaboradas, y eso les dificulta participar en los segmentos de mayor valor agregado de las cadenas de valor globales y generar empleo de calidad. La dependencia de la exportación de ‘commodities’ lleva a la creación de pocos vínculos con la economía local, lo que deja a muchos sectores en una situación de falta de competitividad o de atraso tecnológico.
Además de estas dificultades estructurales, los gobiernos latinoamericanos también deben considerar el impacto de las nuevas tecnologías. En un mundo cada vez más interconectado, incluso ciudadanos que –en términos materiales– están en igualdad de condiciones son más sensibles a comparaciones nacionales e internacionales de bienestar con grupos de características similares (por ejemplo, en cuanto a edad o género).
En la solución de las trampas de desarrollo de América Latina, las medidas de gestión sectoriales son necesarias, pero insuficientes. La región necesita un nuevo comienzo. Romper la dinámica de frustración en aumento demanda renovar los fundamentos de los pactos sociales nacionales y asegurar la representación popular a través de un proceso de deliberación pública. Esto llevará tiempo y cada país tendrá que hallar su propio modo de convertir una nueva visión para el desarrollo en una estrategia nacional efectiva. Pero aun así, nos permitimos sugerir tres puntos de partida.
En primer lugar, los países latinoamericanos necesitan métricas que expresen la multidimensionalidad de los aspectos del bienestar de la ciudadanía y trasciendan así el uso de indicadores macroeconómicos tradicionales, como el PBI y el índice Gini de distribución de ingresos. Este es un paso fundamental hacia una formulación de políticas más eficaces y con una base más amplia. Para lograrlo, es necesario que las oficinas de estadísticas nacionales y los ministerios de Economía promuevan la medición del bienestar y su búsqueda como objetivos de gobierno centrales, en documentos, planes e informes presupuestarios oficiales.
En segundo lugar, las respuestas oficiales suelen ser sectoriales, pero las cuestiones que procuran abordar no lo son. Esto puede llevar a que la ciudadanía perciba que existe una desconexión entre las políticas públicas y las realidades socioeconómicas. En lugar de eso, América Latina necesita sólidas estrategias de desarrollo nacional que favorezcan la coordinación entre sectores y en todos los niveles de gobierno, con expresión clara y explícita de la combinación de políticas elegida y la secuencia de su implementación. Será esencial la creación de mecanismos para el seguimiento y la evaluación de estas estrategias.
Finalmente, América Latina necesita estrategias de participación que empoderen a la ciudadanía en todas las etapas del proceso de formulación de políticas. Las estrategias nacionales deben incluir una amplia diversidad de actores, y tener en cuenta una variedad de conocimientos y puntos de vista. Además, tienen que ser localizadas, con atención a las diferencias subnacionales y a la movilización de recursos locales para lograr el desarrollo.
Aunque América Latina tiene un largo camino que recorrer hacia el desarrollo, las demandas actuales de la ciudadanía exigen una respuesta urgente de las autoridades regionales. Actuando sin demora para abordar las causas del descontento popular podrán reafirmar el bienestar, la confianza y la prosperidad a largo plazo.
(*) Mario Pezzini es Director del Centro de Desarrollo de la OCDE.
(*) Sebastián Nieto Parra es economista del Centro de Desarrollo de la OCDE.
(*) Juan Vásquez Zamora es economista del Centro de Desarrollo de la OCDE.
Traducido por Esteban Flamini.
–Glosado y editado–