Hace 20 meses, el coronavirus llegó al Perú y, con él, la incertidumbre por el futuro. El anhelo de volver a la normalidad estaba cifrado en la creación y llegada de una vacuna, que hace ocho meses está en el país.
La estrategia de inmunización del Estado Peruano ha permitido que miles de empresas y comercios retomen sus actividades, y que millones de adultos vuelvan a su vida laboral y social. Curiosamente, no ha logrado abrir las puertas de las escuelas a pesar de que la mayoría de docentes ya están inmunizados. Mientras tanto, ocho millones de escolares no solo ven interrumpidos sus derechos de aprender, socializar y sentirse protegidos, que les garantiza la escuela presencial, sino que tienen un futuro mucho más incierto que el que tenían antes de la pandemia.
A fines de octubre, según cifras del Ministerio de Educación, 96.578 servicios educativos ya estaban habilitados para las clases semipresenciales; es decir, el 87% de escuelas pueden abrir sus puertas y acoger a sus estudiantes, pero apenas 12.249 lo están haciendo. Si existe una vía para que las personas puedan romper la histórica cadena de pobreza familiar y los países logren mantenerse en la senda del desarrollo, esa es la educación.
El prolongado cierre de las escuelas está acentuando las brechas sociales. Un claro ejemplo es Lima. De los 11.294 servicios educativos listos para el reinicio de clases, solo 145 están dictando clases semipresenciales y, de estos, 140 son privados.
La postergación del retorno no es un problema exclusivo de las familias con hijos escolares. Es una realidad que pone en peligro la aspiración de ser un país desarrollado. Las y los adolescentes forman parte del bono demográfico que tiene el Perú. Para potenciar ese bono, estos chicos y chicas requieren de oportunidades de desarrollo. Esas las encuentran en la educación presencial. Lamentablemente, de todas las escuelas que han optado por la reapertura, solo 1.712 (el 13,7%) son de secundaria.
Ya hace varios meses que el economista peruano Pablo Lavado advirtió que los estudiantes que han tenido que dejar las aulas durante el 2020 y el 2021, al llegar a la vida adulta e incorporarse al mercado laboral, tendrán hasta un 37% menos de ingresos mensuales de lo que hubieran tenido con una escolaridad presencial sin interrupciones. El pronto retorno no puede ser una opción; es la única opción.
La preocupación por regresar a clases presenciales la comparten chicas y chicos, que se expresan a través de sus redes; madres y padres de familia, que se organizan en colectivos; autoridades educativas, como el director regional de educación de Cajamarca, que ha ordenado la reapertura de todos los establecimientos educativos habilitados; y congresistas de diversas bancadas, que se han constituido en espacios congresales, como la comisión especial multipartidaria por la infancia y el grupo de trabajo de seguimiento a la declaratoria de emergencia en el sector Educación.
Si existe evidencia científica de que los niños, niñas y adolescentes constituyen la población con menos riesgo de enfermar de gravedad, si el Ministerio de Educación hace varios meses estableció protocolos para el retorno, si el 55% de la población objetivo nacional ya está vacunada con las dos dosis, si el 78% de docentes se encuentran inmunizados y se está vacunando contra el COVID-19 a los adolescentes, ¿por qué seguir postergando una decisión en la que cada día cuenta? Unámonos por la infancia y decidámonos por la reapertura. #RegresemosAlCole ya.
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