¿Usa Villarán la publicidad inst. para fines electorales?

A FAVOR

ALBERTO VALENZUELA/ REGIDOR DEL PPC

NO MENTIR

Ofrecer hacer algo durante la campaña y luego hacer exactamente lo contrario pone de manifiesto una de las actitudes más inaceptables de la política: la traición al electorado. El ciudadano se da cuenta de esa incoherencia e hipocresía.

Susana Villarán sostuvo durante las elecciones pasadas, “en nombre de los ciudadanos”, que no iba a utilizar el nombre de la autoridad municipal en carteles, videos, servicios y obras públicas. Sin embargo, para intentar revertir una vez más su creciente desaprobación, ha utilizado en las últimas semanas paneles y spots en redes sociales y televisión, violando la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe estas actividades desde la convocatoria a elecciones municipales en enero pasado. 

Sin embargo, tras la manipulación de millones de soles en publicidad municipal, autopréstamos de la entidad financiera edilicia y destinar gerentes públicos para su campaña reeleccionista, la administración de la burgomaestre ya ostenta tener los mismos títulos del ex alcalde que tanto criticó: la deshonestidad. En ese aspecto no hay mayor diferencia con su antecesor.

Como consecuencia de estas prácticas, está muy difundida la idea de que la política es una actividad ruin, plagada de personas que mienten, capaces de cualquier cosa por ganar e incluso de rodearse ya sea de ineptos o corruptos (o ambos). Y una de las expresiones de mal gobierno y prepotencia es el abuso de la función pública para beneficio particular, tanto para alterar el uso eficiente de recursos como para vulnerar la equidad y neutralidad de la función edilicia.

La antipolítica y sus efectos de descalificar a todo aquel que ejerce un cargo público son tan generalizados hoy en el Perú que hace imprescindible que tengamos un cambio concreto de actitud. Por ello, los políticos peruanos no solo tenemos que ser honestos, sino que debemos evitar actos que generen dudas. Los funcionarios públicos no pueden tener privilegios ni pueden tener más derechos que los de un ciudadano de a pie. En buena cuenta, el político como autoridad tiene más obligaciones pero los mismos derechos que cualquier ciudadano. Ese es el sacrificio que demanda ingresar a la actividad pública.

Han pasado más de tres años desde que esta administración llegó al concejo. Esta no ha sido la primera oportunidad en que se revelan actos transgresores de la ley y de la confianza de los vecinos. Regidores sin compromiso real con la reforma del transporte, ilegalidades en la adquisición de patrulleros y la contratación de regidores revocados cuando se prometió no hacerlo son algunas de las manifestaciones de esa incoherencia política que Villarán practica sistemáticamente.

Más allá de la intervención sancionadora del Jurado Nacional de Elecciones por infringir la ley electoral, Villarán se encuentra atrapada entre el discurso y la acción, por su activa incoherencia. La alcaldesa debe saber que cada vez que hace algo que dijo que no iba a hacer continúa desilusionando a miles de electores (no es casual que su aprobación pueda llegar a ser de un solo dígito). Así, parece confirmar que alienta la antipolítica. Sería bueno recordarle a la alcaldesa de Lima que no desacredite más la función pública y que cumpla con lo que ofreció, porque su conducta afecta la relación de todos los ciudadanos con los políticos honestos.

EN CONTRA

HERNÁN NUÑEZ / TENIENTE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

NO ES CAMPAÑA

El 7 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició un procedimiento sancionador contra la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la presunta infracción al Reglamento de Publicidad Estatal en Período Electoral. O, para decirlo más claro, se deja entrever que la primera autoridad de nuestra ciudad se intentaría favorecer a través de la comunicación institucional que informa de las obras municipales.

Al respecto, es importante tener en cuenta que el mismo JNE mediante resolución 0887-2012-JNE, del 11 de octubre del 2012, ha señalado que la prohibición indicada “está relacionada con la necesidad de evitar el uso de recursos públicos, por parte de las entidades del Estado, en publicidad que podría tener elementos relacionados de manera directa o indirectamente con un contendiente del proceso electoral”. Y agrega “que si bien la publicidad estatal se encuentra prohibida en época electoral, se debe evaluar en cada proceso electoral la existencia de vinculación o no entre el Estado y los participantes en dicho proceso electoral, toda vez que dicha vinculación permitirá apreciar si se cumple o no la finalidad de la norma, esto es, la existencia de algún tipo de favorecimiento con la difusión de la publicidad estatal”. Y concluye señalando que en caso no exista la referida vinculación o relación “mal se haría en sancionar la difusión de la publicidad estatal en la medida en que no se cumple con la finalidad de la norma”.

Es decir, el propio JNE ha interpretado que no basta con la sola existencia de publicidad estatal para dar lugar a una infracción del referido reglamento sino que se requiere que la misma genere algún tipo de favorecimiento a los participantes de un proceso electoral. En ese sentido, lo que busca la norma es que los participantes en una contienda electoral no sean favorecidos de alguna manera con la difusión de publicidad estatal. De más está decir que la alcaldesa no está postulando a nada, por lo que sería contradictorio para el mismo JNE emitir una sanción. Sin candidata no hay campaña.

Pero, además, el JNE considera que el uso del lema “Lima, ciudad para todos” es similar a uno de los tantos mensajes que usó en la campaña del 2010 la entonces candidata por Fuerza Social. Más allá de la buena memoria del jurado, es un sinsentido juzgar mensajes de gestión por una campaña electoral que acabó hace casi cuatro años.

Es bueno indicar que los artículos 113 y 118 de la Ley Orgánica de Municipalidades señalan que “el vecino tiene derecho a ser informado respecto a la gestión municipal”. De manera que es un despropósito pretender que la alcaldesa, máxima representante de la comuna limeña, no pueda dar cuenta a los vecinos de los avances que tiene la presente gestión a través de la institucionalidad que permite la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Por ello, resulta preocupante la interpretación del JNE, pero es más preocupante aun que a una gestión que ha pasado por varios procesos electorales, como la revocatoria y las elecciones complementarias, nuevamente se le pretenda prohibir el uso de la comunicación institucional para informar sobre las obras y las reformas emprendidas por esta gestión, atentando contra el derecho que tienen todos los vecinos de saber en qué se reinvierten sus tributos.