A más mentiras, más periodismo; por Andrés Calderón

Previsiblemente, las libertades de expresión y prensa entraron en la campaña electoral. Analicemos sucintamente tres casos:

1. Ni mentir es un derecho ni castigar es la mejor solución: La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, propuso que el Estado intervenga cuando un medio de comunicación propague mentiras que pongan en riesgo la salud de las personas. La periodista Juliana Oxenford, que la entrevistaba, le retrucó que no debía haber castigo estatal, sino que bastaba con la respuesta de la audiencia (“el televidente es sumamente inteligente y sabe que puede cambiar y utilizar un control remoto”).

La desinformación, sobre todo en Internet y en situaciones de emergencia, es un problema grave y complejo. Puede ocasionar daños severos, que no se solucionan simplemente “cambiando de canal”. Pero reducir el problema a penalizar a un periodista es tan simplista como peligroso. El Estado sí puede tener un rol para combatir la desinformación, sobre todo a través de acciones preventivas antes que represivas (educación para el pensamiento crítico, alfabetización digital, financiamiento para generar más y mejor información, en tanto es un bien público). En última instancia, un juez –y no un actor político– podría ordenar una indemnización cuando un medio de comunicación genere daños por desinformar deliberada o negligentemente. Cancelar una señal televisiva, en cambio, podría abrir la peligrosa puerta de la censura de contenidos motivada políticamente.

2. La mentira tiene patas cortas y recientes: La aspirante presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que “rechazaba cualquier intento […] de limitar la libertad de expresión”. El periodista de Canal N, que la entrevistaba, le recordó que el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, practicó la compra de las líneas editoriales de medios de comunicación, a lo que la postulante naranja retrucó: “Más allá de lo que hayan podido hacer personas individuales, mi actuar a lo largo de todos estos años siempre ha sido de absoluto respeto a los medios de comunicación”.

Las reminiscencias noventeras, aunque pertinentes, eran innecesarias. Keiko tiene su propia mochila llena de atropellos y afrentas contra la prensa que le resultaba incómoda. Basta con revisar el Observatorio Legislativo para la Libertad de Expresión que muestra que Fuerza Popular ha sido, por lejos, el partido con más iniciativas contra este derecho fundamental. Solo entre el 2016 y el 2019, la ‘Bankada’ acumuló 25 proyectos de leyes que no superarían el test de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la ley que pretendía controlar la propiedad de los medios de comunicación, o la ley que castigaba la difusión de chats (como Mototaxi y La Botica). Esto descontando su respaldo a normas nefastas como la inconstitucional ley Mulder contra la publicidad estatal.

Son datos, no opiniones. Como también es un hecho que, en el 2017, Keiko amenazó con denunciar penalmente a El Comercio por difundir que Odebrecht reconoció haber aportado a su campaña del 2011, algo que fue confirmado por diversas e independientes coberturas periodísticas y los propios pedidos del Ministerio Público.

3. Una periodista se reúne con una fuente: Es poco menos que absurdo que un supuesto periodista construya teorías conspirativas en contra de una colega únicamente porque esta se reunió con un expresidente. En primer lugar, ningún periodista está obligado a divulgar con quiénes se entrevista para cumplir con su oficio. El secreto de las fuentes forma parte de la protección constitucional de la libertad de prensa. Y, en segundo lugar, si un periodista o la fuente con la que conversa realmente quisieran mantener en reserva la ocurrencia de la reunión, sería irracional que el cónclave se lleve a cabo en un lugar tan expuesto como Palacio de Gobierno.