Abusos policiales en EE.UU., por Ian Vásquez

Esta semana le tocó a Baltimore ser la más reciente ciudad estadounidense que irrumpiera en protestas pacíficas y disturbios sociales a raíz de la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de la policía. El año pasado ocurrió en Ferguson, un suburbio de San Luis, Misuri. Otros casos que han causado escándalo nacional incluyen el de un hombre en Nueva York que murió asfixiado cuando lo agarraron unos policías por vender cigarrillos ilegalmente en la calle, y la muerte a balazos el mes pasado de un ciudadano en Carolina del Sur que no representaba una amenaza al policía ni a otras personas.

El pueblo estadounidense está viendo, literalmente, algo que una minoría de su país ha conocido y vivido por décadas: la mala conducta de la policía que se ha institucionalizado en las zonas pobres de muchas ciudades, afectando especialmente a la comunidad afroamericana. Ahora sabemos de muchos casos porque están siendo filmados por ciudadanos. Las cámaras de los teléfonos celulares están haciendo la diferencia. Se está volviendo más difícil para los departamentos de policía negar e ignorar las acusaciones serias en su contra. 

En el caso de Baltimore, Freddie Gray fue arrestado por correr en un barrio pobre y, según la policía, portar un cuchillo. En el video de su arresto, parece que ya está herido y sufriendo dolor. Fracturas en la columna vertebral, padecidas cuando fue transportado en la camioneta policial, causaron su muerte. Ayer, la fiscal de Maryland presentó cargos de homicidio en contra de los policías que lo arrestaron y declaró que Gray no cometió un delito. 

La respuesta oficial es bienvenida. Pero no es típica, ni en su rapidez, ni en su severidad. La brutalidad policial, lamentablemente, no es un hecho aislado. El periódico “Baltimore Sun” documentó que, a causa de acuerdos o veredictos legales, el departamento policial de la ciudad ha pagado US$5,7 millones entre el 2011 y 2014 a víctimas de abuso policial. En varios de esos casos, los policías no han sido sancionados por su departamento; y es muy poco común que aquellos sancionados pierdan el trabajo. Tal impunidad existe en otras partes del país. En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, la policía ha disparado a muerte a cientos de personas sin que se procese a un solo policía desde el 2001. 

La falta de rendición de cuentas la explica en buena medida el poder de los sindicatos de policías y otros factores políticos. Pero, para David Simon, lo que garantiza que la relación entre los ciudadanos pobres afroamericanos y la policía sea de desconfianza es la guerra contra las drogas. Simon, quien trabajó como reportero de criminalidad en Baltimore (y fue autor del programa de televisión “The Wire”), dice que la guerra contra las drogas destruyó, hace décadas, la necesidad de tener causa probable de que se haya cometido un crimen. En nombre de esa campaña, apoyada por políticos, los policías empezaron a vulnerar derechos constitucionales básicos y se convirtieron en los enemigos de la comunidad.

Esta narrativa concuerda con la de John McWhorter, profesor afroamericano de la Universidad de Columbia. Él culpa a la guerra contra las drogas por haber creado los grandes males de la comunidad afroamericana empobrecida: la violencia urbana; la ausencia de padres de familia porque se encuentran encarcelados; el atraer a jóvenes al empleo ilícito por sus ganancias altas; y la funesta relación con la policía que promueve la idea de que las reglas de la sociedad no aplican a determinadas personas. ¿Para qué respetar las reglas si los mismos policías las vulneran? 

Lo ocurrido en Baltimore muestra todo un fracaso de políticas públicas. Ojalá también sirva para reformar algunas de ellas.