Cuánto vale Alan García, por Federico Salazar

Alan García no es un perseguido político. Este argumento de su defensa es, sencillamente, indemostrable.

En la carta a la opinión pública que dirigió da cuenta de la buena cantidad de veces y las diversas instancias en que se consideró, de una u otra manera, su eventual responsabilidad delictiva. En todas, dice, salió invicto.

Lo que no dice Alan García es que en ninguno de esos casos estuvo delante de un juez. Tampoco llegó a estar delante de un juez después de su primer gobierno, en que se salvó de las acusaciones vía la prescripción.

La cantidad de veces que pasó por investigaciones fiscales o congresales no da cuenta de su santidad; al contrario, apunta a la cantidad de ilícitos imputables.

Al final de su carta, García dice que un presidente que ejecuta obras “no tiene ninguna culpabilidad por el delito de algún funcionario menor”.

El ex presidente sostiene, en su defensa, que tanto el corrupto presidente de Odebrecht como su corrupto representante en el Perú, Jorge Barata, han negado que hubieran hablado con él de algo ilícito.

Es interesante que lo excluyan ellos. También, que los tratos fueran a través de un funcionario menor, el ex viceministro Jorge Cuba, actualmente preso.

¿Cabe investigar una eventual relación del soborno recibido por Cuba con una autoridad de mayor rango? ¿Cabe investigar la relación de Cuba con García?

¿Podría haber autorizado Jorge Cuba una licitación para Odebrecht sin anuencia y participación de autoridades de mayor rango?

En los gobiernos de Alan García, funcionarios de “menor rango” participaron en ilícitos sin decir nunca quién era del de mayor rango. Agustín Mantilla, ex ministro, por ejemplo, nunca dio cuenta del destinatario de US$2,8 millones que tuvo en cuentas en bancos en el extranjero.

Tampoco Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, dio cuenta de superiores jerárquicos. La firma de Alan García está en 2.207 liberaciones de presos por narcotráfico y de 1.880 sentenciados por hurto y robo agravado. Sin embargo, según el proceso, todo fue hecho única y exclusivamente por Chinguel.

Son solo ejemplos de cómo y por qué el argumento del “funcionario menor” no sirve para aquietar sospechas. Para aquietar o confirmar sospechas debe hacerse una investigación, una acusación, y un juez debe considerar y resolver el caso.

Un eventual asilo a Alan García lo libraría de tener que pararse delante de un juez. En otras palabras, el asilo lo sustraería de la justicia peruana.

Dice el investigado que solicita el asilo porque se enteró de que pedirían prisión preventiva contra él. ¿Cómo se enteró? ¿Cuál es la prueba formal? ¿Los rumores? ¡Pero si García dice que no hay que hacer caso a los rumores!

Alan García dice que esos 36 meses de prisión preventiva (que asegura le darían) coinciden con el “calendario electoral”. En otras palabras, se trata de una persecución política porque otro candidato u otro grupo político quiere sacarlo de la carrera electoral.

Esto es un buen palabreo, pero nada más. ¿Acaso Alan García está despuntando en las encuestas? ¿Acaso electoralmente Alan García es una amenaza para alguien?

García sostiene que “se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos”. ¿García es adversario político del fiscal? ¿Del juez?

Varios procesos acusatorios no han sido prolijos (Humala, Fujimori). Un juez hizo ver por momentos su sala como paredón. A pesar de todo, este rigorismo no ha alterado la estructura institucional ni el derecho de defensa (los Humala salieron y Fujimori libró la detención preliminar).

Uruguay podría dar un asilo sin expresión de causa. En la comunidad internacional, sin embargo, no se puede quebrar la unidad en la defensa de los estados de derecho y de la lucha contra la corrupción.¿Vale, acaso, tanto Alan García en Uruguay?

No sabemos si Alan García es culpable o no. No hay forma de saberlo, por supuesto, si no se para delante de un juez. El Gobierno de Uruguay no debería impedir que impere en el Perú el Estado de derecho.