Cuestionamientos e intolerancia, por Federico Salazar

El 2 de agosto, Alberto Falla Avellaneda fue designado como director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad) (RM 751-2021-MTC/01). El 4 de agosto fue dejado sin efecto el nombramiento (RM 766-2021-MTC/01).

En apenas dos días el gobierno designó y dejó sin efecto la designación. En ese breve tiempo se supo que Falla Avellaneda había fundado una empresa de revisiones técnicas que cobraba para emitir certificaciones sin que los vehículos pasaran revisión.

Sutrán clausuró la empresa de revisiones técnicas (Retecsur SAC) por esta razón. Más aún, El Comercio reveló que esta empresa había dado el certificado de revisión al camión cisterna que ocasionó la tragedia de Villa El Salvador, donde murieron 34 personas (5.8.21, p. 6).

“Se les da la confianza, pero a veces no dicen la verdad”, dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. “Si en el camino se encuentran dificultades, simplemente se corta el contrato y queda solucionado el tema”.

El problema es que el gobierno no ve todos los casos por igual. Tampoco es cierto que la solución está en nombrar, esperar denuncias, y luego rectificar.

El caso revela que el gobierno no tiene los filtros adecuados para los nombramientos del personal de confianza. Este caso es emblemático, pero no es el único.

El ministro Silva es un docente con una denuncia por violencia física y sicológica contra su expareja, según reveló el programa Cuarto Poder (1.8.21).

Ha sido propietario de una miniván (F7P-104) en el 2014, multada en un paradero en el Rímac. De ahí salen minivanes para cubrir una ruta informal hacia Huaral. Solo este hecho bastaría para que él no hubiera sido nombrado o, en todo caso, sea retirado del Gabinete.

El Gobierno, sin embargo, no parece considerar esa posibilidad. Varios ministros tienen cuestionamientos de diversa índole.

El presidente del Consejo de Ministros tiene una investigación por apología del terrorismo. El ministro del Interior fue nombrado cuando había pedido una licencia como fiscal, el ministro de Defensa fue sancionado cuando era policía por faltas graves contra la moral y la disciplina, aunque después le otorgaron la reposición.

El canciller Héctor Béjar estuvo preso por sedición y fue amnistiado por el dictador Juan Velasco Alvarado. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, tiene acusaciones que lo vinculan con el Movadef, aunque él lo niega.

El Gobierno no parece dispuesto a dar su brazo a torcer en cuanto a los ministros. No tiene los mismos reflejos ni la misma actitud que ante el caso de Falla Avellaneda.

Ante las críticas y cuestionamientos, en vez de considerar, investigar, revisar, sus voceros responden con acusaciones de “obstruccionismo”. El jefe del Gabinete, Guido Bellido, ha protestado porque “una actitud obstruccionista desde la prensa no es recomendable”.

Pidió que dejen trabajar al Ejecutivo. De paso, dio una clave del problema de la falta de filtros para los nombramientos.

“Si hay personas que participan, provienen también de las personas que han hecho posible los resultados de estas elecciones”, dijo Bellido. Reveló así que un criterio de selección es la contribución a la campaña electoral. (El Comercio, 5.8.21).

Ojalá el Gobierno respondiera en todos los casos como respondió en el caso Falla Avellaneda. Responde, más bien, con conflicto e intolerancia.