Momento de dar explicaciones al vecino de Lima

El tiempo de gracia se terminó para la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ahora los vecinos esperan resultados. Al tomar la posta de la administración municipal en enero de este año, el burgomaestre, de acuerdo con sus declaraciones públicas, encontró la “muni” –diminutivo que utiliza él para expresar quizás el cariño que le tiene a la ciudad– totalmente en rojo, una caja en cero. A ello se sumaba la existencia de trabajadores fantasmas heredados de la anterior gestión. Ese fue el reiterado mensaje de respuesta cuando los periodistas le preguntaban sobre el desarrollo de las principales promesas de campaña.

Pasaron tres meses (marzo) y ya las cuentas estaban en azul y los inconvenientes se habían superado.

Ahora no hay pretextos. La presión pública por conocer cuáles son los siguientes pasos de la administración municipal en bien de la ciudad será parte de la agenda de los medios y las conversaciones cotidianas de los limeños. Por lo pronto, el compromiso de eliminar los peajes adjudicados a la empresa Rutas de Lima, uno de los principales ejes propuestos durante la campaña de Renovación Popular, no se ha podido cumplir porque hay una medida cautelar para suspender la terminación del contrato de concesión hasta que el tribunal arbitral internacional se pronuncie.

El cobro del peaje continúa. Ya la gerencia municipal ha admitido a la periodista de esta casa editora Francesca Raffo que esto tiene que esperar; y más aún, el teniente alcalde Renzo Reggiardo anunció hace unos días que se está elaborando una “estrategia legal” (de la que no ha dado detalles) para recuperar las garitas, y el procurador de Lima Metropolitana denunció a Rutas de Lima por el presunto delito de lavado de activos. Por el momento es un ofrecimiento fallido.

El objetivo municipal deberá centrarse ahora en cómo construye un mensaje verosímil que satisfaga a los vecinos sobre las promesas aún no cumplidas. Solo en temas de seguridad se requiere saber qué más se avanzó en la compra de las diez mil motos para patrullar las calles y avenidas. Se sabe que en abril la comuna limeña firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para iniciar el proceso de compra, pero, a partir de ese hecho, no hay más información clara al respecto.

En cuanto a la eliminación del mercado negro de celulares, focos de venta y detención de responsables de estos delitos, vamos a Las Malvinas, en el Cercado, y comprobamos que los puntos de venta siguen allí. Las cifras de robo son alarmantes. Osiptel informó que, de enero a mayo de este año, las empresas operadoras reportaron 723.375 sustracciones de celulares; y la PNP registró 165.818 denuncias por comisión de delitos en Lima Metropolitana el año pasado con un incremento del 27,4% respecto del año anterior. Solo denuncias.

No se tienen detalles sobre el traslado del 10% del presupuesto municipal al programa en el que se integran más de dos mil ollas comunes, que para muchos expertos en temas municipales resultaba inviable por la estructura de gastos corrientes, pago de deudas, etc., que tiene la institución. Ni del banco de alimentos que se crearía con la ayuda de las empresas privadas.

Al alcalde de Lima le queda ahora hablar un poco más, interactuar en los espacios públicos para dar explicaciones y también a su Oficina de Prensa, que en la mayoría de ocasiones no responde a los pedidos de información de los medios. La presión aumentará por una cuestión de derecho y acceso a la información pública, y por ese fin fiscalizador a las instituciones que caracteriza el trabajo de los periodistas. Ante ello, cerrar las puertas no es una buena estrategia.