A dos semanas de haber jurado como presidente del Congreso, la situación del parlamentario Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) es muy precaria. No solo por la información que se ha ventilado en la prensa en los últimos días que sugeriría que ha actuado de una manera –en el mejor de los casos– poco ética, sino también por las recurrentes mentiras en las que ha incurrido para tratar de salir de este incómodo trance en el que se encuentra.
A estas alturas, no quedan dudas de que Soto se benefició de una ley aprobada por la institución que él preside el 11 de mayo último y que fijó en un año el plazo máximo de suspensión de la prescripción. Una norma que, como comentamos en su momento en este Diario, equivalía a abrir “una puerta que podría ser explotada por quienes buscan la impunidad”. El abogado del hoy titular del Parlamento, en efecto, recurrió a dicha norma en julio –es decir, dos meses después de que prosperara con, entre otros, el voto a favor de su patrocinado– para pedir que un caso por estafa que amenazaba con mandarlo a prisión por más de ocho años fuera declarado prescrito. Y el 23 de julio la magistrada Érika Núñez Orihuela acogió esta solicitud aludiendo literalmente en su resolución a la ley aprobada por el Congreso para argumentar que el caso contra Soto prescribió en diciembre pasado y no, como correspondía con la legislación anterior, en el 2027.
El tema no es menor porque, como ya ha indicado más de un especialista, el Código de Ética Parlamentaria establece de manera inequívoca en su artículo 4 que cualquier legislador con un interés personal o familiar en la discusión o aprobación de una ley debe hacer explícita esta circunstancia. Y Soto no lo hizo.
A pesar de todas estas evidencias, el lunes, entrevistado por Canal N, el titular del Congreso afirmó que el mentado cambio normativo no lo benefició porque su proceso fue archivado en el 2019 y explicó que, si este se siguió viendo hasta julio pasado, se debió a que, además de él, había otras personas procesadas sobre las que la justicia todavía debía pronunciarse. Lo que Soto no dijo, sin embargo, fue que en enero del 2020 una sala anuló el fallo del 2019 que lo favorecía y ordenó que el proceso volviera a realizarse desde cero.
Las mentiras del presidente del Congreso, además, no se agotan aquí. Ante la revelación hecha por la prensa de que tiene contratada en su despacho a la hermana de la madre de su hijo de 11 meses, él afirmó que no existe impedimento alguno para ello, pues su romance con esta última habría sido “fugaz”. La verdad, sin embargo, es que distintos posts en las redes sociales y fotografías del día en el que fue elegido para presidir la Mesa Directiva difundidas por los medios de comunicación sugieren que dicha relación no habría sido tan efímera como Soto quiso hacer creer y, por otro lado, expertos consultados por este Diario han destacado que, más allá de si dicha relación se encontraba vigente o no, el impedimento para contratar familiares hasta el segundo grado de afinidad igual se aplica para este caso por tratarse de la tía de su hijo.
Como si no bastase con sus imprecisiones, además, Soto ha recurrido al manido libreto de la victimización para tratar de desvirtuar los graves señalamientos en su contra. “Creo que es harto conocido que hay mucha gente [a la] que no le interesa que un provinciano sea presidente del Congreso”, afirmó la semana pasada en otra vuelta de tuerca de un argumento que, con algunas variantes, han usado en los últimos años personajes como Pedro Castillo, Joaquín Ramírez o el líder de su partido, César Acuña.
“Las medias verdades son peores que las mentiras”, afirmó Soto en la ya citada entrevista de hace dos días. Habría que recordarle, pues, que quien ha venido difundiendo imprecisiones, inexactitudes y medias verdades –que no son otra cosa que mentiras, al fin y al cabo– en las últimas semanas ha sido él y no la prensa. Y que son ya varias las explicaciones que le debe al país.
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