Algo se pudre en la Plaza 30 de agosto

Había que ser muy ingenuo o excesivamente ambicioso para aceptar ser el quinto ministro del Interior de este breve Gobierno. Uno que no solo viene fracasando estrepitosamente en seguridad ciudadana, con medidas tan efectistas como ineficaces, como el estado de emergencia y la (fantasmagórica) intervención de las Fuerzas Armadas.

Y que, además, quien llega lo hace para cargar la papa caliente que significa ser ministro de un presidente que tiene a gente de su entorno más cercano huyendo de la justicia. En otras palabras, un presidente que no quiere a esas personas en prisión, a una fiscalía exigiendo la captura y a la prensa auscultando a la Policía Nacional del Perú (PNP), por la sospechosa ineptitud que vienen mostrando para capturar a Bruno Pacheco (78 días prófugo) y al sobrinísimo (“Francia”).

No es de extrañar, entonces, que la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva (“100 grandes”), un personaje clave en el esquema delictivo investigado por la Fiscalía de la Nación y que llega hasta Castillo, haya sido una bomba atómica en el corazón de la credibilidad del ministro del Interior, Dimitri Senmache.

El ministro insiste en que no tiene responsabilidad política y sostiene que no es “el que va a permanecer en la puerta de un domicilio, esperando si sale o no una persona”. Parece no entender que la responsabilidad política no es la operativa. Más bien, es una salida que dignifica cuando se produce un hecho de extrema gravedad –y este lo es en demasía– y se renuncia con el mensaje: “no fui yo, pero ocurrió en mi sector, así que asumo la responsabilidad”.

Ese barco ya partió. Ahora, si Silva no es capturado y el Congreso hace su trabajo, Senmache saldrá chamuscado de esta breve experiencia. Nada bueno para el Ministerio del Interior (Mininter) ni para el país que, en solo diez meses, pasemos al sexto ministro del Interior y, quizás, al quinto director de la PNP. Pero eso es culpa exclusiva del (des)gobierno de Pedro Castillo.

Conforme han ido pasando los días, el ministro busca convencernos de que la culpa de que no se capture al prófugo fue de la Fiscalía de la Nación. O sea, quiere hacernos creer que quien solicita que se haga vigilancia es el responsable de que los que tenían que hacerla no la hayan hecho bien. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le ha contestado con claridad y energía, al señalar que desde el 27 de mayo requirió videovigilancia, reporte de desplazamientos, de actividades y de reuniones del exministro.

Mi paso por el Mininter me permite decir que el trabajo de la Policía Nacional, con respecto a los pedidos del Ministerio Público para que los investigados no se escabullan mientras se tramitaba una orden del juez para su detención preliminar, fue muy bueno en los casos de los que tuve conocimiento.

Preocupan otras cosas más. Por ejemplo, que el nuevo ministro haya nombrado asesor a quien fuese viceministro de Silva. Puede ser una coincidencia, pero no deja de llamar la atención el desatino de tener a alguien de tal cercanía al prófugo en el despacho de asesores. Puerta con puerta en el cuarto piso con el ministro y, solo uno por encima de la oficina del comandante general de la PNP. Ambos despachando desde Plaza 30 de agosto S/N.

Lo más preocupante no es eso. Mi amigo, colega y exviceministro Ricardo Valdés, que conoce como pocos los intríngulis recientes en la PNP, nos remite –para entender el problema– a la crisis que se produjo en enero entre el entonces ministro Avelino Guillén y el comandante Javier Gallardo. Esta terminó con la renuncia del primero y la posterior remoción del segundo. Crisis que estuvo vinculada a temas de pases al retiro y ascensos en la institución.

En ese entonces el actual ministro era jefe de asesores de Guillén y, por tanto, conoció muy de cerca las preocupaciones de este por la denuncia del subcomandante general PNP Javier Bueno (de quien dicen, hace honor a su apellido), en el sentido de que los ascensos a general se habrían vendido hasta por US$25 mil. Hay una investigación del Ministerio Público al respecto, que incluye a cinco generales que podrían haber ascendido por esa vía. De ser el caso, habrían cumplido un rol equivalente dentro de la Policía al de los “seis niños” de Acción Popular en el Congreso.

Valdés ha llamado la atención sobre el hecho de que apenas llegado Senmache haya sacado intempestivamente y sin razón aparente al comandante general Vicente Tiburcio. Ha señalado que ello puede estar relacionado con la posición pública del referido e indicó que estaban trabajando en la captura de los prófugos.

Agrega que los “cinco”, el grupo de los ascendidos bajo sospecha, están en lugares que los suspicaces podrían describir como útiles para prófugos, actuales y futuros: Callao (aeropuerto y puerto), Tacna, Tumbes y Ucayali (fronteras) y el restante en Inteligencia.

Muchas veces me han preguntado si es que existe el riesgo de que se produzca un control para fines mafiosos de ámbitos policiales importantes. No estoy del todo seguro que lo hayan logrado, pero los hechos reseñados no parecen ser casualidades.