En 1453, tras largo asedio, los turcos entraron en Constantinopla, la capital del imperio romano de Oriente. Allí se encontraron a una población abocada a un apasionado debate sobre el sexo de los ángeles. O sea, se distrajeron estúpidamente de los apremiantes problemas que tenían, con las consecuencias catastróficas y definitivas que ello tuvo.
Salvando las diferencias, me parece de una frivolidad irresponsable que, en un Perú atiborrado de graves problemas, tengamos que estar discutiendo –como ha impuesto el Congreso– si los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (cuyos dos miembros cuestionados ya no la integran) debieran ser destituidos por diferentes interpretaciones sobre si una de sus integrantes debía cumplir los cinco años para los que fue nombrada o retirarse a los 75.
Una más de múltiples discusiones que nos colocan cada vez más lejos de un debate serio y sereno, para construir alternativas que tengan un mínimo consenso, en un país que se nos desmorona día a día y a ojos vista.
Otro ejemplo de dañina lejanía con la realidad: el comandante general de la PNP, en entrevista en la TV, sin querer queriendo hace chichirimico de sus antecesores en el cargo y pronostica que, con él, las cosas realmente van a cambiar y muy pronto. Pero, en medio de ello, suelta unas frases sobre la eficiencia de la policía. Dice que han detenido en flagrancia (o sea, con las manos en la masa) a 207.000 delincuentes por delitos patrimoniales. Se entiende del contexto que refiere al 2023, por tanto, se refiere a uno cada dos minutos y medio. Pero que solo 5.000 de ellos entraron al sistema penal. Es decir, los fiscales liberaron a 202.000, uno cada tres minutos. Es decir, una eficacia superlativa de la PNP y una inaudita irresponsabilidad de los fiscales. Sus afirmaciones no resisten el más mínimo análisis, pero nadie se inmuta.
La cruda realidad regresa con una encuesta de CPI que da cuenta de que el 3,8% ha sido víctima de extorsión. Puede parecer poco si lo vemos como porcentaje, pero en números absolutos eso superaría las 600.000 personas. Peor aún, dado que la extorsión es un delito continuo.
¿Qué hacer? Para el Ejecutivo no hay otra idea que el estado de emergencia. Y ya la población tiene un mal presentimiento. La encuesta de CPI pregunta si es un método efectivo y, a escala nacional, el 75,2% señala que no lo es, con un pico del 83,4% en Lima, donde ya fracasó.
Puede muy bien ser otro fiasco de la democracia en solucionar problemas graves de la gente. Ello les da argumentos a las posiciones más primitivas. Me refiero, principalmente, a Antauro Humala, el autodenominado “Bukele peruano”, quien, al ser liberado por Pedro Castillo, afirmó estar “muy orgulloso de lo que hicimos en Andahuaylas”, refiriéndose a la insurrección contra un gobierno democrático y al asesinato a sangre fría de cuatro policías.
¿Puede alguien con su prontuario formar un partido político y, peor aún, estar ya en campaña para la presidencia?
Pues el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no se trata de un partido de Antauro, porque se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros: o sea, Antauro, pero precisan que, no estando las siglas finales en el nombre oficial, no hay ese vínculo.
Pero el despropósito no está completo si no incluimos al Congreso en la ecuación. Ellos, tan agilitos cuando les interesa, tienen trabada una reforma constitucional que prohíba a quienes hayan cometido delitos graves que puedan participar en la vida pública.
La democracia requiere ser eficaz y a la vez saber defenderse.
Pero no, Antauro pasea orondo por el país anunciando que fusilará a todo el que le plazca, si a su criterio fueron corruptos. Él apela a la rabia de los frustrados y asustados, aquellos en que el miedo y la desesperación puede fermentar. Y no son pocos.
Volviendo a Roma, parece que se replica hoy en el Perú aquello de “Salve, César (o, para el caso, Antauro), los que van a morir te saludan”.
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