Aparta de mí este virus, por Mario Ghibellini

Desde hacía algún tiempo, el premier Vicente Zeballos estaba desaparecido de los medios. La gente había empezado a olvidarse de su rostro y de si su apellido se escribía con ‘v’ de ‘vaca’ o ‘b’ de ‘burro’. Hasta que ayer habló, y todos recordamos lo que nunca debimos olvidar.

“Los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con estas reuniones que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia de Jorge Ramírez”, dijo sin que le temblara la voz. Y en su tono categórico se adivinaba la esperanza de que con esa sentencia el asunto quedase zanjado.

El problema, sin embargo, es que ese cuento no se lo tragan ni en el Partido Morado. En el éxodo decretado el jueves en Palacio, hubo efectivamente algunos ministros a los que se despachó aprovechando el tumulto: Edmer Trujillo (que estaba con roche desde que juró el cargo) y la titular de Educación, Flor Pablo (en torno a cuya salida existen todavía algunos misterios sin resolver). Pero, vamos, el plato fuerte fueron sin duda los dos funcionarios que, junto con el procurador Jorge Ramírez, formaron parte del comité organizador de la cita con Odebrecht. Es decir, los ahora exministros de Justicia y de Energía y Minas, Ana Teresa Revilla y Juan Carlos Liu, respectivamente. Y pretender que la circunstancia de que esos dos personajes y Ramírez hayan sido removidos de sus cargos en menos de 72 horas por algo así como una coincidencia atribuible al biorritmo es sencillamente patético.

—Los idos de febrero—

Apresurémonos a aclarar que, a juicio de esta pequeña columna, la reunión no tenía en sí nada de reprobable. Tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte antes de ser llevado a un arbitraje de resultados imprevisibles es razonable. Y lo es aun cuando los ocasionales interlocutores pudieran ser los voceros de una empresa corrupta como Odebrecht, si eso es capaz de suponerle al Estado Peruano el ahorro de recursos, tiempo y energía.

Esa era precisamente la situación que planteaba la potencial denuncia ante el Ciadi, y así parecen haberlo entendido en un principio los representantes del Ejecutivo que estuvieron al tanto de que el encuentro iba a celebrarse… Hasta que alguien en las alturas del poder entró en pánico por el efecto que el dato del contacto entre el gobierno y los personeros de esos malandros podía tener en las tribunas, y una torpe operación de destrucción de la evidencia se puso en marcha.

El lector interesado en los detalles puede consultar las distintas crónicas periodísticas que se han publicado en estos días sobre la sucesión de despropósitos que terminó en el licenciamiento de tanto funcionario. Pero, para fundamentar el argumento aquí planteado, baste anotar que es muy claro que tanto la entonces ministra de Justicia como el premier Zeballos estuvieron perfectamente enterados de lo que iba a ocurrir. La señora Revilla facilitó incluso la comunicación entre el procurador Ramírez (su subordinado) y el titular de Energía y Minas. Y las versiones sobre la naturaleza supuestamente “informativa” que, a entender de los involucrados, iba a tener la cita son paparruchadas: en la antesala de una demanda de arbitraje, lo que las partes hacen es negociar y eso lo sabe cualquiera.

¿Advirtieron los ministros al presidente de la reunión antes de que tuviese lugar? Lo verosímil es que sí. Pero si, como asegura Zeballos, no lo hicieron, el primero en partir entre los “idos de febrero” tendría que haber sido él mismo, pues con lo sensible que resulta todo lo relacionado con Odebrecht para esta administración, la omisión habría sido inexcusable.

De cualquier forma, en algún momento el mandatario tiene que haber conocido de la cita, y postular que existió una relación de causa-efecto entre ese hecho y el cambio de actitud oficial hacia ella es una conclusión que se cae de madura. Víctima de su propia beatería en torno a la sola posibilidad de tener a un sospechoso de corrupción en un radio de diez kilómetros, Vizcarra debe haberse estremecido al imaginar lo que sus críticos más chapuceros podían enrostrarle por no haber impedido la conversación con los representantes de la empresa brasileña. Y entonces vino la contraorden.

Esa, en realidad, es la única explicación lógica de que, de pronto, en el Ejecutivo comenzaran a negar los hechos; y, cuando eso ya no era posible, a sacrificar a los implicados más visibles.

—Pegar en la encuesta—

El punto más dramático de este cambio de guion lo marca el ya famoso apotegma pronunciado por Zeballos el 7 de febrero pasado: “El gobierno no negocia con corruptos”. Una contradicción flagrante si consideramos que él supo de la reunión entre Odebrecht y el titular de Energía y Minas aun antes de que esta se celebrara, el 9 de enero de este año.

Los problemas en los que se vio enredado el ministro Juan Carlos Liu a partir de lo revelado el domingo en “Panorama” sobre su sorprendente versatilidad profesional, sin embargo, ocasionaron que la verdad acerca de los tratos del gobierno con la demonizada constructora comenzara a brotar a borbotones. Y así, progresivamente, Liu, el procurador Ramírez y Revilla se fueron transformando en los portadores de un virus contagioso a los que había que desterrar para que la popularidad del jefe del Estado no sufriese mella. Su canción favorita, ya se sabe, dice: “Yo solo quiero pegar en la encuesta”. O algo así.

Por supuesto que una aplicación rigurosa del principio que determinó el licenciamiento de los ministros ya mencionados tendría que haber acarreado también la salida de Zeballos. Pero hasta ahora él parece haberse salvado por ser el depositario del encargo de ir liquidando a los pacientes más graves y negar al mismo tiempo que es eso exactamente lo que está haciendo.

Ese, sin embargo, es –para decirlo con una expresión cara a él mismo– “el estado situacional” de las cosas. Y, de un momento a otro, todo podría cambiar.