El poder de los asesinos, por Federico Salazar

Evelyn Laura abrió la puerta de su casa. Eran las 6:30 a.m. del martes 24. Era su ex pareja y padre de su última hija. Él quería regresar con ella; ella se negaba. El sujeto sacó un cuchillo y la atacó. Abdomen, cabeza, yugular. Siete veces. Todo sucedió delante de los tres hijos de la mujer.

Evelyn lo había denunciado en varias oportunidades y en distintas comisarías. No pasó nada. Armando Lucana Gonzales no se detuvo hasta matarla.

Se han dado más de 82 feminicidios en lo que va del año. Más de mil desde el 2009. Más de 10 mujeres mueren al mes, en promedio, víctimas de asesinato.

Los gobiernos hacen algunas cosas por mejorar la situación, pero falta demasiado. No es, en realidad, tarea de gobiernos, sino del Estado.

Evelyn Lucía Laura Ordoya presentó una denuncia por agresiones físicas en setiembre del 2016. Fue en la comisaría de San Cayetano, El Agustino. Con el informe de medicina legal, la policía notificó al Juzgado de Familia.

En octubre de este año el atacante de Evelyn fue detenido por microcomercialización de drogas en la comisaría de Santoyo, El Agustino. La policía remitió un oficio a la Primera Fiscalía Penal Mixta del distrito.

Falta investigar qué pasó con la denuncia que, según los familiares, hizo Evelyn por agresión ante la comisará de San Pedro, también de El Agustino, hace dos meses.

Evelyn hizo las denuncias que tenía que hacer. La policía detuvo al sujeto varias veces. ¿Qué pasó en el Juzgado de Familia de El Agustino? ¿Qué pasó con la Primera Fiscalía Penal Mixta de ese distrito? ¿Qué pasó con la comisaría de San Pedro?

Si desde el primer momento Lucana Gonzales hubiera recibido sanción, no estaríamos lamentando la muerte de Evelyn.

Tenemos que resolver. La ineficacia favorece la impunidad y, con ello, la escalada de la violencia y ferocidad.

Hay muchas cosas que el gobierno puede hacer. Las comisarías tienen que estar interconectadas. Estamos en el siglo XXI no solo para la fiesta de los Panamericanos. Sobre todo, para proteger a los ciudadanos.

¿Le podemos pedir a la policía que, además de remitir el informe al juzgado, haga seguimiento en el interior del Poder Judicial o de la fiscalía?

¿Se requiere que las víctimas o sus familiares hagan ese seguimiento en dichas instituciones? ¿Quién debe estar a cargo?

Se requiere una reforma institucional. El Gobierno debe mejorar la eficiencia técnica del trabajo policial. Hay que desburocratizar los papeleos y el espíritu (“entregué el papel, con eso terminé”).

El Congreso tiene, por su lado, una tarea muy clara para cambiar el criterio y el rigor de las penas. La mayoría podría fácilmente hacer esa reforma. ¿O es más entretenido pasar el tiempo en pleitos y desplantes?

El Ministerio Público y el Poder Judicial deben revisar sus procesos de gestión. La carga procesal impone lentitud, pero también aletargamiento. Tienen el deber funcional de resolverla.

Se requiere crear instituciones de enlace. Lo que falló en el caso de Evelyn no fue la falta de una denuncia o la ausencia de un médico legista. Lo que falló fue la conexión entre las instituciones.

Conectar no es igual a despachar. La comisaría de San Cayetano notificó al juzgado. Evelyn se convirtió en un documento y el documento se traspapeló.

En el caso de microcomercialización, la policía hizo bien su trabajo. Como dice un comunicado del Ministerio del Interior, el sujeto “fue puesto a disposición del Ministerio Público, tras lo cual terminó la labor policial”.

Lamentablemente, en nuestro país donde termina la labor de una institución termina, también, la protección al ciudadano.

La desprotección alienta el poder y el poder se sobregira por sí solo.

A Diego Armando Lucana Gonzales no lo paró una comisaría, no lo paró la otra comisaría, no lo paró la fiscalía, no lo paró el juzgado de familia. ¡Quién lo iba a parar! ¡Era dueño del mundo, incluso de la vida de los demás!

Reparemos las fallas del sistema. Sin pelearnos. Tratemos de pensar en las vidas que todavía podemos salvar.