El presidente Martín Vizcarra participó en la juramentación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. (Foto: GEC)
El presidente Martín Vizcarra participó en la juramentación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. (Foto: GEC)
Fernando Rospigliosi

La administración del presidente Martín Vizcarra es incapaz de desbloquear la vía por la que sale el mineral de Las Bambas 60 días después de iniciada la ilegal interrupción, que ahora, además, tiene sitiada la operación y sus trabajadores. Pero no solo está sucediendo eso. Ahora Vizcarra se ha solidarizado con los comuneros que realizan la ilícita acción y los ha apoyado: “Respaldamos los pedidos que hace la comunidad de Fuerabamba y toda la provincia de Cotabambas de la región Apurímac”, ha declarado (“Gestión”, 3.4.19).

Así, el presidente de la República del Perú está defendiendo, apadrinando y alentando a un grupo de comuneros que está cometiendo un flagrante y grave delito sancionado en el Código Penal con una condena de hasta diez años de cárcel. Y el mismo día el ministro de Energía y Minas responsabilizó a la empresa del conflicto. (“La empresa tendrá que asumir responsabilidad”, “Correo”, 3.4.19).

Las preguntas que a cualquier persona sensata le vienen a la cabeza son: si el presidente y el ministro piensan eso, ¿por qué no fueron el primer día del bloqueo y concedieron lo que piden los reclamantes? ¿Por qué esperaron dos meses, con enormes perjuicios para el país y para una empresa legalmente establecida, para decir eso? O, mejor aun, ¿por qué no lo hicieron antes de que empiece el bloqueo?

Pero lo más grave de todo es que el propio presidente de la República respalda a un grupo de personas que está violando incuestionablemente la ley. Podrá discutirse la pertinencia del reclamo, pero que la más alta autoridad del Estado ampare a ciudadanos que ejercen la violencia y cometen un delito para obtener lo que quieren es algo inaudito, aun en un país descompuesto como el Perú.

En la misma línea está lo ocurrido con el vicepresidente de la comunidad. Como dice Francisco Cohello, el ministro del Interior, Carlos Morán, debe explicar “por qué existe en Fuerabamba un personaje exceptuado de la ley, un reyezuelo sin corona, un privilegiado de alguna extraviada casta. Se trata del vicepresidente de la comunidad, Edison Vargas Huamanga, quien la madrugada del sábado atropelló en estado de ebriedad a dos policías y a algunos comuneros, y al día siguiente salió de la comisaría a declarar a la prensa con absoluta frescura e impunidad. Lo que cometió Vargas fue un delito en una zona que, por si fuera poco, se encuentra en estado de emergencia. Debió quedar detenido […] por los claros indicios de flagrancia. […] Así, mientras Vizcarra abdica de su obligación de restablecer la autoridad, su ministro del Interior expone las excusas más vergonzosas de un gobierno bobalicón, de un régimen de pusilánimes y de autoridades acobardadas e incapaces de hacer cumplir el imperio de la ley” (“El ministro Morán, ¿pintado en la pared?”, “Correo”, 3.4.19).

Como ocurre en estos casos, algunos esgrimen el absurdo argumento de que la ley no se aplica para los comuneros de Fuerabamba porque son pobres. Que se sepa, hasta ahora, la ley es igual para todos, sin importar su condición económica o social. Pero, además, resulta que si se empleara el criterio que suelen usar las encuestadoras, probablemente estarían en el estrato A/B, si se toman como referencia las viviendas con todos los servicios que poseen en Nueva Fuerabamba y los cientos de miles de soles que cada familia recibió como compensación.

Como es evidente, el comportamiento del presidente Vizcarra y su gobierno, y los argumentos que exhibe para tratar de justificar su completa falta de liderazgo, son incentivos para muchos otros que se considerarán autorizados para usar la violencia, zurrarse en la ley y atropellar borrachos a policías –o hacer algo parecido– sin recibir la mínima sanción.

En 1968, Samuel Huntington publicó un extraordinario libro que marcó un hito en la ciencia política, “El orden político en las sociedades en cambio”. El libro empezaba con una frase que resumía el punto de partida: “La diferencia política más importante entre los países se refiere no a su forma de gobierno, sino al grado de gobierno con que cuentan”.

Quería decir que la principal diferencia no estaba entre países capitalistas como Estados Unidos o Inglaterra y países comunistas como la Unión Soviética, sino entre los países que tienen gobierno –como esos tres– y los que no lo tienen. O, más precisamente, tienen gobiernos que lo son solo de nombre, pero no gobiernan en realidad, como muchos del Tercer Mundo. En esos “cuya comunidad política está dividida en fragmentos enfrentados y las instituciones políticas tienen poco poder, menos grandeza y ninguna elasticidad. Y donde, en muchos casos, el gobierno no gobierna”.

Una buena descripción del Perú de hoy.

Otrosí digo. Condolencias a los familiares de Julio Cotler, un verdadero maestro y el más importante y lúcido científico social del último medio siglo.