Carrera de borricos, por Jürgen Schuldt

Hace algunos años varios estudiosos del desenvolvimiento de las “economías emergentes” observaron que muchas habían estado creciendo a todo galope durante diez y más años seguidos, pero que en algún momento se estancaron en un determinado rango de ingresos. Es lo que se conoce como la “trampa de los países de ingreso medio” (TIM), que les impide dar el salto necesario para convertirse en economías desarrolladas. La peruana es una típica economía de ingresos medios. ¿Caerá en la trampa?

Alejandro Foxley, exitoso ex ministro de Economía chileno, atribuye el entrampamiento en ese rango intermedio a la “desaceleración del crecimiento por la incapacidad de lograr mejoras continuas en competitividad y productividad; baja calidad de la educación y lenta transferencia de conocimiento e ideas innovadoras; excesiva desigualdad y desprotección de los grupos vulnerables; e incapacidad de las instituciones para proveer estabilidad, buena calidad de gestión y transparencia, así como una adecuada calidad en las decisiones del sistema político”. En el caso chileno (y peruano) hay que sumar la sobreespecialización minero-exportadora. Por los éxitos macroeconómicos de la primario-exportación modernizada, los gobiernos no sentían la necesidad de afrontar esos problemas. 

Y son, precisamente, esos obstáculos los que se quiere acometer con el Plan Nacional de Diversificación Productiva, del ministro de la Producción. Se trata de un programa derivado del bien fundamentado libro del propio Piero Ghezzi y José Gallardo (G&G): “¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo” (2014). La esencia de las propuestas es un cambio de modelo que se transforme e incremente la presencia estatal. En sus palabras, “esto supone modificar la política económica creando activamente otros ejes de crecimiento en sectores actualmente liberalizados como la educación, impulsando deliberadamente el desarrollo rural y enfrentando la inseguridad e ilegalidad. También modificar sustancialmente la eficiencia del gasto público, hacer política de crecimiento regional, intensificar las política de competencia, tener una política comercial más estratégica y crear complementariedades para un mejor desarrollo de la inversión, desde aspectos de la infraestructura social y física hasta externalidades de coordinación, tecnológicas y de información”.

Es decir, G&G parten de un enfoque de economía política neoinstitucionalista que aterriza en un moderno programa socialdemócrata, desafortunadamente vertido en un espacio político vacío. Son conscientes de que su aplicación no será fácil, tanto porque “las instituciones mismas están condicionadas por el sector de recursos naturales” como “por la inexistencia de grupos de interés influyentes en el proceso de generación de políticas económicas que sustenten las necesidades de cambio y permitan que el Ejecutivo priorice la resolución de esos problemas”.

En efecto, las reformas que se dieran desde los años noventa fortalecieron el esquema de acumulación extrovertido, a tal grado que se ha generado una sendero-dependencia extractivista inamovible, por lo que parecería que nos mantendremos entrampados en el grupo de países de “ingreso medio”. De manera que, si el gobierno quiere escapar a la TIM para asegurar un elevado y sostenido crecimiento de largo plazo, ¿podrá quebrar los sofisticados candados económicos, legales, institucionales y políticos que sostienen la primario-exportación desde hace veinte años?