Cazando troles

Que las redes sociales serían un mecanismo estupendo para ampliar la potencia de la libertad de expresión por la capacidad de llegada a un público notablemente más grande, de no solo los llamados líderes de opinión o ‘influencers’, sino también –lo que sería más importante– de los ciudadanos de a pie, es una realidad que se viene confirmando parcialmente en el mundo.

Sin embargo, ese proceso que debiera ser virtuoso se ve deteriorado por el surgimiento de hordas llamadas ‘troles’, dedicadas a demoler y hasta destruir la reputación de quienes pretenden ser transmisores de ideas, o de quienes ejercen algún tipo de poder, y hasta de quienes solo pretenden participar en los debates relevantes acerca de los problemas de la sociedad y sus perspectivas.

Dentro de la fauna vinculada al ‘trol’, los que empiezan a levantar la cabeza de las profundidades del Twitter injuriando sin pudor y con ignominia, nos interesan ahora más, sobre todo, los organizados y financiados por quienes buscan torcer la verdad para inducirnos al error.

A ellos se refirió recientemente la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo clave contra la corrupción del poder, cuando señaló que “toda organización criminal tiene un aparato de protección que incluso mueve medios de comunicación para eso; en el tema de redes sociales, donde encontramos a personajes que endilgan hechos que no se ajustan a la verdad, que no están corroborados, y que no se identifican”.

Además, Barreto agregó que “estamos verificando los IP de estas personas, porque serían parte de la organización criminal, creando zozobra en la población”.

¿Tiene razón la fiscal Barreto en su reacción? ¿Estos ataques en redes realmente afectan de manera real la posibilidad de avance en sus investigaciones? ¿Puede la indagación que anuncia llegar a resultados efectivos? Y, si así fuese, ¿es la respuesta apropiada, pensando en la importante misión que tiene por delante?

En cierto sentido, la fiscal Barreto tiene una intuición correcta, pues existe evidencia empírica respecto de que el uso de los ‘troles’ y cuentas creadas especialmente para difundir noticias falsas o ‘fake news’ es una práctica habitual en gobiernos que no sienten simpatía por algunas libertades como la de expresión.

Desde el ya famoso caso de Cambridge Analytica, que utilizó información personal de usuarios de Facebook para influir en las elecciones de Estados Unidos del año 2016, el uso de ‘troles’ pagados se ha convertido en una práctica sencilla de ejecutar por casi cualquier usuario. De ahí que la intuición de Barreto no sea tan alejada de la realidad.

Además, es posible crear no solo cuentas falsas, sino que es simple iniciar acciones coordinadas de acoso verificable. Son tres señales las que nos llevan a identificar un posible enjambre de ‘troles’ pagados: 1) Se trata de cuentas con pocos seguidores o ningún seguidor. 2) Se trata de cuentas que suelen repetir frases que resultan fácilmente identificadas como “copiadas y pegadas”. 3) Se trata de cuentas que actúan de manera coordinada atacando a la víctima vía la difusión de ‘memes’ especialmente creados o de links o imágenes que inducen al error.

¿Puede la fiscal Barreto iniciar una exitosa cacería de ‘troles’? Pienso que sí. La idea de rastrear las IP es una buena manera de empezar. La otra manera es investigar quiénes manejan las cuentas de los principales funcionarios públicos de este gobierno y dilucidar si esa gestión es por mano propia o vía algún “gestor de comunidades” específico.

Dado que el uso de redes sociales para informar a la población es ya moneda de cambio de varios gobiernos desde hace más de un lustro es probable que algún tipo de normativa interna exista en el Ejecutivo para usar estos nuevos medios. Y, si en caso no los hubiese, es buen momento para investigar qué estuvo pasando en la PCM respecto de este asunto. Es hora de empezar a cazar ‘troles’.