Nada que celebrar, porMarina Navarro M.

“En el año 2021, año del bicentenario, nuestro país será reconocido en el mundo como una democracia en donde se respetan los derechos humanos, en especial los derechos de las minorías”. Estas fueron las palabras de Pedro Pablo Kuczynski en su primer mensaje presidencial. Luego de un año podemos constatar que se avanzó poco en la materia.

Tuvimos tímidos avances en estos 365 días: la inclusión del enfoque de género en algunas políticas de Estado y en el currículo escolar, la aprobación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el avance en la cobertura del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas. Pequeños logros que deben continuar con mayor esfuerzo en los próximos años.

Sin embargo, la mayor parte de las obligaciones y compromisos electorales asumidos por el Gobierno apenas han tenido propuestas concretas. En algunos casos, los enfrentamientos políticos y la presión de grupos antiderecho han producido que las poblaciones más vulnerables continúen desprotegidas frente a las vulneraciones de sus derechos. Claro ejemplo fue la decisión del Congreso de la República de derogar la parte del Decreto Legislativo 1323, que buscaba luchar contra los crímenes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Un retroceso que nos deja en la cola de América Latina a la hora de hablar de igualdad de derechos.

Hay mucho por hacer en materia de derechos de las mujeres y niñas. La violencia hacia las mujeres es alarmante y a pesar de que el Perú es el segundo país de la región con mayor número de denuncias por violación, las mujeres víctimas de violencia sexual que quieren acceder a un aborto son criminalizadas. Es igualmente preocupante cómo los índices de embarazos adolescentes siguen en aumento en regiones de la selva y zonas rurales donde una de cada cuatro adolescentes es madre o está embarazada.

Los pueblos indígenas continúan viendo cómo sus derechos son ignorados. Hasta marzo del 2017 se han finalizado 28 procesos de consulta previa, pero el proceso es deficiente al no ser implementado sobre la base de un diálogo intercultural informado con plena participación de las comunidades en condiciones de equidad. En algunas ocasiones, las comunidades ni siquiera saben que están en un proceso de consulta. En otras se ha llegado a acuerdos que no han sido respetados por el Estado, lo que ha generado fuertes protestas sociales.

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del gobierno hubo 158 heridos y 5 fallecidos en conflictos sociales. La muerte de Quintino Cereceda por impacto de bala en la cabeza producto de la intervención policial durante las protestas por el proyecto minero Las Bambas en Apurímac continúa impune. La falta de investigación y sanción a los responsables en estos casos es preocupante.

En estas Fiestas Patrias hay cientos de miles de peruanos que no tendrán nada que celebrar. Quedan cuatro años para que el presidente Kuczynski cumpla con las obligaciones nacionales e internacionales y demuestre que sus compromisos con los derechos humanos no son solo promesas.