Como todos sabemos, el actual Congreso de la República modificó la Constitución a efectos de que el Poder Legislativo pase de ser unicameral, como lo es en la actualidad, a bicameral; es decir, donde funcionarán dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, como ocurría en los períodos democráticos previos a la Carta de 1993.
Más allá de los yerros en los que la reforma incurre –debidamente advertidos a través de esta columna–, lo cierto es que lo aprobado requiere una serie de precisiones y de un desarrollo legislativo que se debe abordar inmediatamente, de lo que aparentemente el actual Congreso no es consciente.
Por poner un ejemplo, la reforma ha establecido que el Senado se conforme por un número mínimo de 60 senadores, en el que, por lo menos, se elija a un representante por cada circunscripción electoral, mientras los restantes son elegidos por distrito único electoral nacional. Entonces, deberíamos saber, con la debida anticipación, si en las elecciones próximas se elegirá a 60 senadores o serán más, y además cuántos serán por distrito nacional único y cuántos por departamentos.
Esa determinación no debe ser definida en cuatro paredes o por acuerdos secretos de los grupos parlamentarios sin que la ciudadanía con la debida anticipación participe en el debate, pues ello no solo demostraría la improvisación con la que se abordan temas de esta trascendencia, sino que, además, implicaría una ventaja antidemocrática de los partidos políticos con representación actual en el Congreso frente aquellas organizaciones políticas que no la tienen, amén de que los peruanos no podemos ser sorprendidos de la noche a la mañana con temas así.
De otro lado, no deja de llamarme la atención que hasta el día de hoy no se haga una publicación oficial de la Constitución en la que ya aparezcan incorporados, de forma sistematizada, los cambios sustantivos que este Congreso decidió introducir. Ello no ayuda a la institucionalidad y hace pensar que el objetivo era solo ampliar la cancha, como se dice criollamente –es decir, que se incremente el número de congresistas–, pues de lo contrario no se entiende tanta desidia en difundir lo aprobado; ¿o es que querrán sorprendernos con más cambios de última hora?
Es importante que se tome conciencia de lo trascendente de definir con la anticipación debida estos temas pendientes. No se puede repetir el modus operandi que se utilizó para aprobar la reforma: de la noche a la mañana con un texto no informado oportunamente a los peruanos, plagado de errores –hasta ortográficos–, y cuyo debate en el Parlamento no tomó más de 10 minutos, con jaloneos de por medio, como pudimos ver los ciudadanos por la televisión.
Como decía el famoso tratadista alemán Karl Loewenstein, lamentablemente las manipulaciones en el sistema y en las técnicas electorales no se limitan tan solo a las autocracias. Aún en países con mecanismos electorales correctos –que no es el caso del Perú, penosamente–, hay lagunas a través de las cuales se pueden infiltrar prácticas discriminatorias.
Siempre se expresa preocupación por la ausencia de institucionalidad en el país; sin embargo, una conducta en un sentido poco transparente no hace otra cosa que abonar la informalidad, además de incrementar la desconfianza hacia la clase política formal. Estamos advertidos; después no nos quejemos del apoyo ciudadano a opciones improvisadas, extremistas y populistas.