Una lógica perversa, por Carlos Basombrío Iglesias

Casi todos sabemos que conseguir mejoras en la vida requiere esfuerzo, sacrificios y tiempo. Es verdad que hay los que desde la cuna lo tienen todo asegurado, pero son tan pocos estadísticamente hablando que no son relevantes. También es cierto que hay muchos que tienen que luchar por lo mínimo para sobrevivir y que deben trasladar el sueño de una vida digna a la siguiente generación.

Si exceptuamos a los que juegan a la lotería y se la sacan (que no son muchos) y a los que se corrompen y se enriquecen impunemente (que no son tan pocos), la mayoría conseguimos muy poco a poco un mejor pasar y, a veces, ni siquiera así.

Esa realidad personal/familiar se replica para las naciones. No hay país que haya salido adelante y conseguido su prosperidad por el chasquido de los dedos. Que cada década pueda terminar con cambios positivos perceptibles y que la siguiente generación pueda vivir en una realidad mucho mejor, mide el éxito de las políticas públicas.

Hay que decir que no es algo lineal. Las desigualdades, las carencias y las injusticias hacen que ese camino no sea posible para todos. La carrera es para algunos de cien metros planos y de 400 con obstáculos para otros. He ahí el corazón de la buena política: cerrar brechas con igualdad de oportunidades.

En concreto, en ningún escenario existen soluciones mágicas a nuestros problemas individuales y colectivos. Convencer de eso no es fácil. Mucho más sencillo es hacerle creer a la población que con una nueva ley o una nueva Constitución, se consiguen milagros.

La inmensa mayoría de los miembros de este Congreso están jugando a ese juego perverso. A cada problema grave le oponen una norma inviable, generando con ello enormes expectativas que, a la corta o a la larga, se convertirán en frustraciones mayores. En cambio para ellos es un gana gana: aprueban lo imposible, el Gobierno no lo puede promulgar, porque no hay con qué y ellos lo hacen como salvadores de los afectados; el Ejecutivo aparece como insensible y ellos como luchadores por los derechos de los que menos tienen. Al final todo se cae y le echan la culpa a quienes gobiernan.

Escojo un ejemplo: el pago de 4.300 soles a los aportantes a la ONP. Se ha aprobado por insistencia en el Congreso y el Ejecutivo ha tenido que llevarla al Tribunal Constitucional.

La expectativa generada entre los que reciben magras pensiones y los que no reciben ninguna son comprensiblemente enormes. Puestos en su pellejo es humano creerle a los congresistas que dicen que ese dinero sí está disponible.

Pero no es así. Para empezar el dinero que se requeriría para pagar esa suma no está en el presupuesto aprobado por este mismo Congreso. Para otorgar los 16.000 millones de soles que, en cálculos conservadores, requeriría su aplicación, habría que cerrar uno de los ministerios más grandes; digamos Educación, Salud o Interior. En uno de ellos habría que apagar las luces y colgar un letrero de “nos vemos en el 2022”.

“Sagasti sería cruel e inhumano si no cumple la ley”, declara Angélica Sayán, autoerigida en abogada de los pensionistas, teniendo que saber que el Tribunal Constitucional va a declarar su inconstitucionalidad. Y lo hará, para empezar, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto.

No es una especulación. Acaba de ocurrir con la Ley 31039 aprobada por insistencia en agosto pasado y que establecía ascensos automáticos en el sector Salud, a un costo de 1.150 millones de soles. Su inconstitucionalidad fue establecida con una unanimidad que casi nunca se da en ese Tribunal.

La frustración va a ser peor en el caso de la ONP, ya que los ficticiamente “beneficiados” por el Congreso son muchos más y por la natural solidaridad que la situación de los mayores genera en todos.

La irresponsabilidad con la que se actúa está generando una bomba de tiempo para quien gobierne después. Es que, lamentablemente, es muy posible que el Congreso que se elija sea parecido al actual. También, dada la posible fragmentación del voto, será poco probable una coalición gobiernista sólida (y, quizás, ni siquiera una endeble). Si se sigue con estos niveles de demagogia e irresponsabilidad, el Perú se tornará ingobernable.

¿Tienen alguna duda de quiénes serían los principales perjudicados en ese escenario?

En el Perú la inversión privada llega al 80% de la inversión total. El dinero grandote no depende del Perú. Siempre habrá otro país donde invertir. ¿No lo creen? “Gestión”, 28 de diciembre: “Familias de alto patrimonio evalúan vender sus empresas e invertir fuera”. Si los que tienen aquí sus partidas de nacimiento lo hicieran, los foráneos seguirán el mismo camino. Y, como siempre, las clases medias y, peor todavía, la gente pobre, pagarían el precio.