Fragmentado como el actual Congreso que empezó con nueve bancadas y este con diez. Es muy probable que también terminen siendo varias más. Se ratifica la crisis de representación, la debilidad de los liderazgos políticos, la poca capacidad de convocar a un proyecto compartido que entusiasme a la mayoría.
Creo que de nuevo será trasversal a varias bancadas la idea de que si no se solucionan los grandes problemas del país y las carencias de la mayoría de la población de inmediato es porque los gobernantes no han querido.
Pienso que la fragmentación y la transversalidad no son contradictorias, sino que se van a manifestar en diversas situaciones. Pero hay un nuevo rasgo que también, sin reemplazar a los otros, será importante: este Congreso podría, en muchos momentos importantes, actuar como tres grandes grupos con más o menos igual cantidad de congresistas.
Uno primero, los que muy probablemente se alinearían con un gobierno de Pedro Castillo. En esa línea están 42 congresistas (37 de Perú Libre y cinco de Juntos por el Perú).
Uno segundo, en los que incluyo a los que apoyarían a Keiko Fujimori, en igual supuesto. Veo esa posibilidad en 44 congresistas (24 de Fuerza Popular, 13 de Renovación Popular y siete de Avanza País).
Uno tercero, que llamaría los “no alineados” con ninguna de las candidaturas que llegaron a la segunda vuelta; que políticamente van del centroizquierda al centroderecha, y que tienen como antecedente haberse aliado, casi todos, para controlar la Mesa Directiva del actual Congreso. Ellos suman 44 congresistas (17 de Acción Popular, 15 de Alianza para el Progreso, cinco de Podemos Perú y tres del Partido Morado).
Estos tres posibles bloques tendrían una primera batalla en el control de la Mesa Directiva, que significa marcar agenda, prioridades y comisiones a escoger. Creo que no es nada desdeñable la posibilidad de que el Congreso no sea presidido por alguien de Perú Libre ni de Fuerza Popular.
Para los nombramientos más importantes, los de la órbita de Keiko Fujimori y también los “no alineados” tienen por sí solos capacidad de veto, ya que impedirían que se llegue a los 87 votos. Sin búsqueda de acuerdos y consensos, las más importantes decisiones estarían bloqueadas.
Y eso me lleva al referéndum para una asamblea constituyente, que es el asunto central que organiza toda la propuesta de Pedro Castillo. Eso requiere 66 votos y, en teoría, podrían construir alianzas para conseguirlos.
Pero en mi opinión, este Congreso (y para el caso, ningún otro Congreso que recién se instale) no aceptaría desaparecer para dar paso a esa asamblea. Se complicaría más todavía si, como ha señalado el congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo, la asamblea sería “50% electa por los partidos políticos y el resto por las organizaciones populares”.
Claro, queda otra posibilidad, a saber: que coexista el actual Congreso con una asamblea constituyente. Pero ello sería una duplicación del número de los otorongos, que no le caería nada bien a la población, en un contexto tan grave como el que vivimos. Así, los cambios posibles a la Constitución no se podrán dar si no cuentan con el respaldo de varias agrupaciones.
¿Qué haría Pedro Castillo en esa circunstancia? ¿Cerraría el Congreso? Ya lo ha dicho: “Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo. Todo va a ser con el pueblo”. Mmmm..., pero quién decidirá si el pueblo lo quiere: ¿encuestas? ¿Asambleas populares? ¿Mítines y marchas? Etc.
La única forma de hacerlo sin salirse de la institucionalidad democrática del país (dicho sea de paso, aquella que habría permitido su elección) es que consiga 66 congresistas que estén de acuerdo con preguntarle al pueblo si se debe cerrar el Congreso. Poco probable, ¿no es verdad?
Castillo insiste en que sus propuestas no van a ser cambiadas y las cumplirá. Pero dentro del marco democrático, no parece que se pueda.
Ello le da enorme resonancia a lo que hace no mucho dijo en un webinar Vladimir Cerrón, el presidente de Perú Libre y autor del plan de gobierno que Castillo enarbola: “El poder es el elemento estratégico final de toda revolución o acto revolucionario, que muchas veces no son lo mismo. Puede haber un acto revolucionario, pero eso no significa hacer una revolución. Un acto revolucionario puede ser ganar un gobierno, pero esa no es una revolución. Evo Morales y Rafael Correa ganaron el Gobierno, pero no el poder. El proceso de las elecciones significa solo confiscar las instituciones del Estado, pero después de eso no tienen mayor manejo. […] Lo que tiene que aprender la izquierda es que tiene que ir a quedarse en el poder, y eso es lo que ha hecho Venezuela”.
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