Nada que perder

Aunque el Tribunal Constitucional opine distinto, nuestra Constitución impide que el Congreso cree o aumente gastos al Tesoro Público porque, en el manejo fiscal, el Parlamento no tiene nada que perder.

Si las cuentas se desordenan, será el Ejecutivo el que tendrá que hacer malabares con el presupuesto para financiar gastos y obras públicas. Y, si se percibe que el desbarajuste puede afectar la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones y nos rebajan la nota soberana, será también el Gobierno el que tendrá que adaptarse a un escenario de mayores costos de financiamiento. Aislado de este proceso, el Congreso puede dedicarse tranquilamente a sus pasatiempos favoritos: meterle hachazos a la sostenibilidad fiscal, preocupándose tan solo de incrementar su propio presupuesto y de repartir recursos públicos para tratar de ganarse un favor o dos de la ciudadanía. Los platos rotos siempre los pagarán otros.

Por eso, no sorprende que la Comisión de Economía haya aprobado un proyecto que busca incorporar nuevos rubros a la lista de gastos por hasta 3 UIT (S/15.450) que los trabajadores de cuarta y quinta categoría pueden deducir para pagar menos Impuesto a la Renta.

Pero no deja de llamar la atención el nulo cuidado por tratar de fundamentar esta medida. ¿Cuál sería el efecto sobre la recaudación? Quién sabe. El proyecto de Fuerza Popular ni siquiera se preocupa por calcular el costo fiscal de las nuevas deducciones. Sin embargo, un informe del MEF citado por el exministro Luis Miguel Castilla habría determinado que se recaudarían S/1.470 millones menos cada año en Impuesto a la Renta. Para tener una idea de cuánto significa eso, recordemos que el presupuesto del Congreso para este año es de S/1.099 millones, incluyendo los S/50 millones adicionales que le ‘regaló’ el ministro José Arista.

Se ha aprobado que esta propuesta pase al pleno, además, sin preguntarse si es que las deducciones por hasta 3 UIT para gastos como alquileres, restaurantes y hoteles y servicios profesionales, algunas vigentes desde el 2017 y otras desde el 2019, han logrado, efectivamente, que la menor recaudación sea compensada por la ampliación de la base tributaria. ¿Se han detenido por un segundo a evaluar a quiénes beneficiarán las mayores deducciones? Por favor. Al igual que con la pensión por consumo, quienes al final resultarían beneficiados son los que ganan más de S/2.575 al mes, pues el resto no paga ni un sol de Impuesto a la Renta por la deducción automática de 7 UIT.

Permítanme soñar con la posibilidad de que el Congreso tenga que afrontar algún tipo de costo por estas medidas irresponsables. Déjenme imaginar que alguna ley obligara al Congreso a financiar con su presupuesto al menos el 1% de los gastos que le genera al Tesoro Público. Considerando que, según el Consejo Fiscal, en los últimos tres años han aprobado gastos por S/100.000 millones, al Parlamento no le quedarían muchas ganas –ni recursos– para aprobar más leyes imprudentes.