Diez semanas de protesta política violenta

¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Perdimos todos. Sesenta y siete muertos, 48 en la respuesta estatal y al menos 19 como consecuencia directa de las protestas políticas violentas (incluyo a los siete haitianos que, inmovilizados por los bloqueos en Desaguadero, murieron de hambre y frío). Súmense los cientos de heridos, muchos de ellos policías y no pocos con lesiones permanentes.

Cinco aeropuertos asediados y cerrados en varios momentos. Trece locales del Poder Judicial y varios de la fiscalía destruidos. Veinte comisarías atacadas, cinco de ellas incendiadas. No pocas estaciones de peaje de las que no queda piedra sobre piedra.

Numerosos ataques a la propiedad privada. El más reciente incendiado fue Piscifactorías de Los Andes, en el que se apropiaron de 200 toneladas de trucha valorizadas en más de un millón de dólares, lo que dejó sin trabajo a cientos de puneños.

Aislamiento del Perú en la región, consecuencia de grotescas distorsiones por parte de los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia, así como un fuerte desprestigio internacional por violaciones a los derechos humanos.

La casi completa desaparición del turismo en el sur, que se prolongará por varios meses. Grandes pérdidas en la producción minera que golpearán duro los recursos del canon, esenciales para muchos gobiernos locales.

De todo esto emerge un país debilitado, dolido, asustado y polarizado al extremo.

¿Breve tregua? No. Me parece que a escala nacional hemos llegado al final del ciclo de protestas políticas violentas, iniciado con el golpe fallido de Pedro Castillo. Creo, también, que este no puede resurgir con las mismas características, solo por voluntad política de los diversos grupos que lo desean. Véase el fracaso de la huelga de la CGTP o de las tres convocatorias en la macrorregión norte que no pasaron del anuncio.

Resta lo que sucede en el Puno aimara que debe tratarse con la mayor seriedad y cautela.

La semana que pasó diversas fuentes estiman que entre 12.000 y 20.000 aimaras tomaron de nuevo la capital regional, cuyos líderes anunciaron que habría una “guerra civil si siguen llegando militares”.

Hace mucho sentido la decisión de las Fuerzas Armadas de no acelerar el proceso de recuperación del orden en las provincias involucradas. Mejor actuar con prudencia y avanzar de a pocos para evitar males mayores. Más aún, si ya es notorio que la situación no da para demasiado más, dada la creciente cantidad de gente que exige trabajar. Los puntos de bloqueo se han reducido a solo 15.

Todo lo anterior no anula las protestas sociales que, fuera de toda duda, seguirán desarrollándose por demandas específicas, pero creo que al menos por unos meses no las habrá importantes con motivaciones exclusivamente políticas y, menos aún, con la intensidad y extensión de las que han concluido.

Y si asumimos –como creo que es evidente– que el liderazgo ideológico de las protestas ha sido de la extrema izquierda, que no quiso negociar, que buscaba la victoria o nada, la paulatina normalización del país es para ellos una derrota. Peor todavía, cuando no consiguieron ninguna de sus cuatro demandas: asamblea constituyente, libertad de Castillo, cierre del Congreso y renuncia de Dina Boluarte.

Estamos pasando de la turbulencia y la total incertidumbre a una estabilidad precaria y mediocre.

Ello le ha permitido a un Congreso que ya nada tiene que perder en términos de apoyo ciudadano evidenciar que nunca pensaron seriamente en irse y que lo suyo es usufructuar el poder y las granjerías a las que se sienten merecedores. Nada de comida, viajes, celulares, televisores o alfombras de tercera. Eso es para los que comen alfalfa, ¡faltaba más!

Por su parte, Dina Boluarte, rechazada casi tanto como el Congreso y que gustaba de estar bien a la izquierda, súbitamente ha descubierto que, bien a la derecha, su vida es más sabrosa, ya que no tiene molestas interrupciones de los congresistas.

¿Puede haber elecciones en el 2024 y con buenas reformas? Sobra el tiempo para planificarlas, pero faltan los votos.

¿Puede volver a arder la pradera? Sesenta y siete muertos son muchos muertos. Persiste la memoria selectiva, pero hay que recordar y buscar justicia para todos.

Varios medios, con base en la información que han recibido de fiscales en Ayacucho y Puno, han denunciado graves violaciones a los derechos humanos. Más lento, pero también comienzan a haber algunos resultados de las investigaciones de los graves delitos cometidos durante esas 14 semanas.

Mal hace la presidenta eludiendo las citaciones de la fiscalía hasta en tres oportunidades. A su vez, el primer ministro, entrevistado por El Comercio, sostiene que “lo que se dispuso fue el estado de emergencia y, según las normas vigentes, los ministros hacen un control político de los acontecimientos y están prohibidos de intervenir en los operativos, eso sería usurpación de funciones”.

A mi juicio, una lectura caprichosa de la legalidad e inaceptable soplada de pluma, para cuidarse, él, de eventuales responsabilidades penales y que las asuman policías y militares.

¿Llegan el Ejecutivo y el Congreso al 2026? Quizás. Pero la carga que llevamos con este Gobierno y este Congreso es tan pesada y está tan mal embalada que por ahí en una curva nos desbarrancamos, no sabemos hacia dónde.